17 de noviembre de 2026
Los gobernadores pasan la factura.
Los bloques dialoguistas y los mandatarios provinciales comenzaron a condicionar su respaldo al proyecto de Luis Caputo. Coparticipación, infraestructura, universidades, producción y deudas previsionales integran una negociación en la que cada jurisdicción busca proteger sus intereses. Mientras Karina Milei procura conseguir los votos, Economía evita conceder demasiado. Corrientes, en cambio, todavía no exhibe un pliego propio de exigencias. Por Julio Gerez.
NEGOCIAR O ACOMPAÑAR
La discusión del Presupuesto Nacional 2027 comenzó a mostrar algo más que diferencias sobre la distribución de los recursos públicos. Los gobernadores —no todos— y los bloques parlamentarios dialoguistas están utilizando su capacidad de negociación para intentar incorporar demandas que consideran indispensables para sus respectivas provincias y sectores. El oficialismo necesita los votos y sus interlocutores parecen haber entendido que llegó el momento de pasar la factura.
El PRO, con Cristian Ritondo a la cabeza, planteó exigencias vinculadas a la coparticipación porteña, el reconocimiento de deudas y el financiamiento de obras y actividades productivas. Entre Ríos impulsa una reducción del IVA para el sector avícola. La UCR reclama elevar el financiamiento universitario hasta los $11 billones y garantizar partidas para infraestructura vial.
Argentina Federal, con representación de Misiones y Salta, reclama regularizar deudas previsionales, incrementar recursos para ciencia y tecnología y atender compromisos ambientales y fronterizos. Provincias Unidas, con mandatarios como Martín Llaryora y Gustavo Sáenz, pone sobre la mesa la distribución del Impuesto a los Combustibles, las deudas con las cajas previsionales y el desarrollo de los biocombustibles. El MID incorpora reclamos por discapacidad, becas educativas y obras viales.
No son demandas idénticas ni responden a una estrategia coordinada. Pero todos comprenden que el oficialismo no tiene mayorías propias suficientes y que sus votos adquieren un valor particular cuando el Gobierno necesita aprobar su principal herramienta de administración económica.
El calendario parlamentario tampoco ofrece demasiado margen. Bertie Benegas Lynch, presidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda de Diputados, tiene hasta el viernes para reunir las firmas necesarias para un dictamen de mayoría. Si no consigue ese respaldo, el proyecto podría quedar pendiente para un eventual llamado a sesiones extraordinarias.
Pero las dificultades no se explican solamente por la resistencia de los interlocutores. También dejan al descubierto diferencias dentro de la propia conducción gubernamental. Mientras Karina Milei, a través de Martín Menem, procura flexibilizar posiciones y atender parcialmente los reclamos de gobernadores y bloques aliados para conseguir los respaldos necesarios, las respuestas de Luis Caputo no llegan en la medida esperada.
Incluso circula una interpretación que, de confirmarse, cambiaría el sentido de toda la negociación: el ministro de Economía podría estar apostando a que no haya dictamen para continuar administrando las cuentas públicas mediante la prórroga del presupuesto vigente. Una alternativa que le evitaría incorporar compromisos de gasto y le permitiría conservar margen de administración sobre los recursos.
Perdido por perdido, Caputo parece dispuesto a jugar fuerte. Mientras el karinismo busca votos, Economía no parece demasiado interesado en pagar el precio de conseguirlos.
La contradicción se extiende a otros asuntos. Este martes comienza en el Senado el tratamiento en la Comisión de Asuntos Constitucionales de la reforma electoral, cuyo punto central es la suspensión o eliminación de las PASO. La iniciativa tampoco tiene aseguradas las firmas para un dictamen favorable. Diego Santilli mantiene conversaciones con gobernadores para conseguir respaldos, porque la reforma debe convertirse en ley antes de finalizar el año si pretende aplicarse en 2027. La advertencia de la Cámara Nacional Electoral sobre los cambios de reglas electorales durante el mismo año de los comicios agrega una urgencia que no admite demasiadas demoras.
El jueves, además, el Senado se encamina a aprobar sin modificaciones la ley de discapacidad que llegó con media sanción de Diputados. La norma, impulsada en su tratamiento legislativo por Karina Milei y los Menem, contradice en aspectos sustanciales la resistencia fiscal de Caputo y la posición del Ministerio de Salud.
No es un episodio aislado. Javier Milei ya advirtió que no piensa moverse un centímetro de su política económica. Su defensa de las estrategias intertemporales, incluso frente a las necesidades inmediatas de sectores vulnerables, expone una concepción que condiciona las posibilidades de negociación de su propia hermana.
Karina necesita construir mayorías y demostrar capacidad de conducción. Caputo procura preservar el programa económico y el presidente no parece dispuesto a flexibilizar sus convicciones para resolver las urgencias de la política cotidiana. La interna, lejos de disiparse, atraviesa cada una de estas negociaciones.
¿Y CORRIENTES?
En ese escenario, la posición correntina presenta una particularidad. Hasta el momento no se conocen certezas de un pliego público de condicionamientos propios presentado por el gobierno de Juan Pablo Valdés para discutir el Presupuesto Nacional 2027.
Los legisladores que responden al oficialismo provincial canalizan sus planteos principalmente a través de la estrategia del bloque radical, numéricamente intrascendente —apenas dos escaños más que la izquierda—, que reclama financiamiento universitario, obras viales y regularización de las deudas previsionales nacionales con las provincias.
Por otra parte, Valdés mantiene gestiones directas con la Casa Rosada para obtener asistencia extraordinaria. El pedido de $5.000 millones en ATN por la emergencia climática obtuvo una respuesta parcial de $3.500 millones, convirtiendo a Corrientes en una de las jurisdicciones más beneficiadas durante el año.
Sin embargo, la agenda provincial ofrece argumentos de mayor alcance. El segundo puente Chaco-Corrientes no tiene recursos asignados en el proyecto de Caputo y el puerto de Ituzaingó continúa sin alcanzar su operatividad comercial plena, pendiente de las autorizaciones necesarias.
Ambas cuestiones representan intereses estratégicos para Corrientes y para el desarrollo económico regional. No obstante, no aparecen hasta ahora como exigencias formales del gobernador en la negociación nacional.
Mientras otros mandatarios utilizan sus votos para reclamar compromisos, Valdés parece privilegiar las gestiones ejecutivas directas y la preservación de una relación política sin sobresaltos con Javier Milei y, particularmente, con Karina Milei. Una relación que adquiere especial importancia cuando la provincia necesita recursos adicionales para afrontar sus obligaciones financieras.
El interrogante es qué capacidad de negociación conserva Corrientes cuando el Gobierno nacional necesita sus votos, pero la administración provincial parece más preocupada por no incomodar a quienes distribuyen los recursos.
Los gobernadores están pasando la factura. Karina intenta reunir el dinero político para pagarla, Caputo no parece dispuesto a abrir la caja y Milei mantiene inalterable su hoja de ruta.
En la Casa Rosada todavía deben resolver quién conduce la negociación, quién paga los compromisos y quién está dispuesto a asumir el costo de que no haya acuerdo. Mientras tanto, las provincias tienen que seguir gobernando.
COMPARTIR:
Notas Relacionadas
Comentarios
Aun no hay comentarios, sé el primero en escribir uno.
Seguinos
3794399959