Hay una contradicción que atraviesa buena parte de la política contemporánea y que el escándalo Ueno Bank acaba de exhibir con una crudeza extraordinaria: quienes llegaron al poder proclamando una ética superior, denunciando los privilegios de la política tradicional y prometiendo liberar a la economía de las ataduras del Estado no necesariamente construyeron gobiernos más transparentes. En algunos casos, terminaron ofreciendo condiciones favorables para que los intereses económicos concentrados avanzaran sobre las instituciones.

La corrupción no tiene ideología ni es patrimonio exclusivo de una corriente política. Pero resulta particularmente grave cuando quienes construyen su identidad sobre la superioridad moral, la austeridad y la eficiencia terminan involucrados en estructuras que contradicen sus propios postulados. La derecha internacional avanzó electoralmente con un discurso de regeneración institucional, reducción del Estado y libertad económica. Paraguay acaba de mostrar el riesgo de confundir esas consignas con una garantía de honestidad.

Santiago Peña, un presidente conservador y cercano a las ideas de Javier Milei, fue destituido después de que el caso Ueno Bank desencadenara una crisis financiera, política y judicial de dimensiones extraordinarias. El crecimiento del Grupo Vázquez, su relación con el poder gubernamental, la exposición de recursos públicos y previsionales, las alertas técnicas y las intervenciones públicas de respaldo presidencial conforman un escenario que hoy está bajo investigación.

El problema no fue el crecimiento de una empresa privada. El problema es lo que ocurre cuando ese crecimiento parece encontrar respaldo político, recursos estatales, decisiones institucionales favorables y mecanismos de supervisión incapaces de impedir que el riesgo termine comprometiendo el patrimonio de millones de personas.

Aquí aparece una de las consecuencias más peligrosas de las reformas que debilitan las capacidades del Estado: cuando se reducen los controles sin construir mecanismos alternativos de protección, no necesariamente se libera al ciudadano. Se libera espacio para que los poderes económicos con mayor capacidad de influencia impongan sus condiciones.

Un sistema financiero no puede funcionar sobre la confianza ciega ni sobre las declaraciones tranquilizadoras de sus autoridades. Necesita supervisión independiente, trazabilidad de operaciones, controles efectivos y organismos capaces de intervenir antes de que el daño sea irreversible. Cuando los reguladores fallan, no desaparece el riesgo: simplemente se traslada a quienes tienen menos herramientas para defenderse.

Y en Paraguay la factura es descomunal. Cerca de tres millones de cuentas quedaron atrapadas en la crisis. Fondos públicos y previsionales comprometidos, ahorros familiares, salarios, jubilaciones, recursos de emprendimientos y proyectos de vida quedaron expuestos. También ciudadanos argentinos y brasileños, especialmente de las zonas fronterizas, que habían elegido operar con Ueno por su accesibilidad digital y sus vínculos comerciales con Paraguay. Foz do Iguaçu, Puerto Iguazú, Corrientes, Formosa y Chaco forman parte de un entramado económico que ahora también recibe las consecuencias de una crisis originada al otro lado de la frontera.

Pero hay una paradoja todavía más obscena: los ahorristas comenzaron a recuperar parte de sus fondos mediante el Fondo de Garantía de Depósitos. Un mecanismo legítimo y necesario, financiado por aportes del sistema bancario, del Banco Central y contribuciones vinculadas a los depósitos. Es decir, la protección colectiva termina sosteniendo la restitución de dinero que los ciudadanos perdieron por una crisis que no provocaron. Mientras se investigan las responsabilidades de quienes condujeron la entidad, el costo de la protección vuelve a distribuirse entre el Estado, los bancos y la sociedad.

A esto se suma la sospecha, actualmente investigada, de que personas con acceso privilegiado a información sobre la situación de Ueno habrían retirado sus fondos antes de la intervención. Entre los nombres y ámbitos mencionados aparecen personas vinculadas a la Embajada argentina en Paraguay y a Yacyretá, del lado argentino. Si se demuestra que existió una filtración selectiva, estaremos ante una expresión todavía más brutal de desigualdad: algunos habrían tenido tiempo de salvar su dinero mientras millones de ciudadanos ni siquiera sabían que debían protegerlo.

La caída de Peña tampoco resuelve por sí misma el problema. Los organismos de control, las estructuras administrativas, los vínculos empresariales y las responsabilidades políticas no desaparecen con la salida de un presidente. La pregunta es si Paraguay está dispuesto a investigar hasta el fondo o si la destitución de un mandatario terminará funcionando como válvula de escape para preservar el entramado que hizo posible la crisis.

Lo ocurrido debería servir de advertencia mucho más allá de sus fronteras. La libertad económica no puede convertirse en libertad para operar sin controles; la eficiencia estatal no consiste en desmantelar las instituciones que protegen a la sociedad; y la lucha contra la corrupción no puede ser una consigna electoral reservada para denunciar a los adversarios.

El poder político asociado con intereses corporativos, provoca que los controles se debiliten y el dinero público o privado queda expuesto, la sociedad deja de tener garantías y pasa a financiar las consecuencias.

Los negocios pueden ser privados. Las responsabilidades también deben serlo. No es aceptable que las ganancias queden en manos de unos pocos y las pérdidas terminen repartidas entre todos.

El Estado que renuncia a controlar no se vuelve necesariamente más libre ni más eficiente. Puede convertirse, sencillamente, en un Estado capturado.

Cuando eso sucede, la República no pierde solamente dinero: pierde autoridad, credibilidad y confianza. Recuperarlas cuesta mucho más que restituir los depósitos.