Hay algo que empieza a repetirse en distintas sociedades, con gobiernos de ideologías diferentes: la gente siente que quienes gobiernan están cada vez más lejos de sus problemas y de sus necesidades.

No se trata exclusivamente de una disputa entre izquierda y derecha, ni de una reacción contra determinado modelo político. Lo que se observa es un malestar más profundo: ciudadanos que reclaman mejores salarios, acceso a la vivienda, educación, salud, servicios públicos y condiciones de vida dignas, mientras sus gobiernos parecen concentrar buena parte de sus prioridades en otros asuntos.

Las protestas registradas en Francia, España, Italia y Alemania expresan, con distintas particularidades, ese descontento. Las calles se convierten en el lugar donde una parte de la sociedad hace visible aquello que siente que no encuentra respuesta en las instituciones.

Y hay un aspecto que merece especial atención: el cuestionamiento al destino de los recursos públicos. Mientras se reclaman mejoras en hospitales, escuelas, salarios y servicios, los gobiernos anuncian mayores presupuestos para defensa y equipamiento militar. La seguridad nacional es una responsabilidad legítima de cualquier Estado, pero eso no significa que toda exigencia de gasto militar deba aceptarse sin discutir sus razones, sus costos y sus consecuencias sociales.

También preocupa la presión de las grandes potencias sobre sus aliados para que incrementen sus inversiones en defensa, incluso bajo advertencias sobre la continuidad de la protección militar. ¿Hasta dónde una decisión de esa naturaleza responde a las necesidades de cada nación y hasta dónde a una estrategia definida por quienes tienen mayor poder?

Estados Unidos vuelve a ocupar un lugar central en esta discusión. Su influencia se proyecta sobre Sudamérica, Europa y Oriente Medio, mientras China amplía su presencia internacional y Rusia procura sostener su condición de contrapeso. Irán reivindica su autonomía frente a las presiones externas y Corea del Norte mantiene una amenaza que condiciona el equilibrio regional. Cada actor tiene sus propios intereses, pero el resultado es un escenario internacional donde las decisiones de las grandes potencias repercuten mucho más allá de sus fronteras.

En ese contexto, también aparece un problema político que atraviesa distintas ideologías: los personalismos exacerbados. Cuando los gobernantes confunden el poder delegado por la sociedad con una autoridad propia, las instituciones pierden fuerza y las prioridades de la ciudadanía quedan relegadas. La política exterior puede convertirse en una extensión de las ambiciones personales y la política interna en una disputa permanente por conservar el poder.

LA SOCIEDAD RECLAMA SU LUGAR

Lo que sucede no debe interpretarse necesariamente como un rechazo a las ideologías. Las sociedades pueden elegir gobiernos de derecha, de izquierda o de centro. Lo que no están dispuestas a aceptar indefinidamente es que sus necesidades básicas sean desplazadas por agendas que no sienten propias.

La seguridad importa, pero también importa poder vivir, trabajar, estudiar, acceder a una vivienda y recibir atención médica. La defensa de una nación no puede convertirse en una competencia para demostrar quién compra más armamento ni en una obligación de acompañar conflictos que no responden a sus intereses.

La soberanía tampoco consiste solamente en proteger las fronteras. Significa conservar la capacidad de decidir el propio destino, sin subordinaciones impuestas por otras potencias.

Y ese mundo que reclama autonomía no es una unidad abstracta. Está formado por sociedades con idiomas, culturas, necesidades e intereses distintos. No todas tienen las mismas prioridades ni están obligadas a compartir las ambiciones de quienes concentran el poder internacional.

Quizás estemos frente a una crisis que excede a los gobiernos y sus ideologías: una crisis en la relación entre representantes y representados. La ciudadanía reclama que se respete la institucionalidad, que el poder tenga límites y que las decisiones públicas vuelvan a responder a las necesidades de quienes lo delegaron.

Gobernar no es imponer una voluntad personal ni administrar los intereses de las grandes potencias. Es representar a una sociedad.

Si los que gobiernan dejan de escuchar a quienes representan, tarde o temprano, la sociedad encuentra la manera de hacerse escuchar.