Roxana Analía Ramírez, es hace quince años moza del histórico bar “El mariscal”, madre de Evelin de 11 años y de Fabián de 6 meses, esposa de Cristian, correntina de nacimiento y de ley, hace escuela trabajando todas las mañanas en la céntrica esquina de Salta y Pellegrini de la Ciudad de Corrientes.

La expresión “Matar por placer” es una figura que se ha escuchado últimamente en el discurso jurídico como agravante de una pena, y que fue repetido después popularmente, en un intento de dar explicación al feroz asesinato de Fernando que se encontraba de vacaciones con sus amigos en Villa Gesell.

En caso de que padezcamos algún daño, seguramente, por más que no nos demos cuenta o no lo reconozcamos, preferiremos el llamado a las Erinias, la venganza antes que la pena pública o que la ejemplaridad de la norma general aplicada, lo que podría acercarse al gran otro social, o lo que nos devuelve cómo posibilidad de justicia.

En épocas de crisis la tensión social crece y se puede percibir fácilmente en todos los ámbitos, la atención en el IOSCOR (Instituto de Obras Social de la Provincia de Corriente) no es la excepción a la regla. Lamentablemente desde hace varios meses quienes son afiliados del mismo se ven sometidos sin posibilidad alguna de queja, al caos que reina en el edificio y a una atención pésima, todo esto solapado bajo la consigna de mejorar el sistema obsoleto utilizado hasta el momento, dando paso a la digitalización.

La libertad de expresión para forjar una sociedad madura en el pensamiento.

Invitamos a militantes, adherentes, simpatizantes, afiliados, afiliadas, en la calidad que revistan (sea de representantes del pueblo, gobernantes, dirigentes o base), de la profesión que vengan o de la actividad que lleven a cabo, al encuentro doctrinario que tendrá los siguientes ejes o puntos de partida.

Tal como lo garantiza la ley nacional número 27.275, de acceso a la información pública, su implementación palmaria en el ámbito del poder judicial de la nación, y la necesaria consolidación de los valores democráticos que se expresan en la norma de marras (transparencia y participación ciudadana), entendiendo que desde una perspectiva teórica, como práctica, el poder judicial, es desde su integración (sus miembros no se eligen por voto popular) el menos democrático de los poderes institucionales y republicanos, que todos y cada uno de los integrantes jerárquicos (ministros del superior tribunal, jueces y fiscales) puedan (y deban desde un imperativo categórico moral) hacer pública sus respectivas declaraciones juradas de bienes, a los efectos de acercar a la ciudadanía con el servicio de justicia, amalgamar el vínculo, despojarlo de la falta de credibilidad en el mismo, que lo acecha desde hace tiempo y en niveles que de acuerdo a todas las mediciones y encuestas, superan el 90% de imagen negativa, por tanto consideramos necesario, indispensable y fundamental que esta solicitud, en representación de las expectativas y deseos de la ciudadanía, pueda ser respondida, satisfactoriamente en el menor tiempo posible.

El Psic. Alejandro Segura Chávez hace una labor muy grata para algunos Intelectuales y Artistas de varias parte del mundo.

“Cada sociedad tiene su régimen de verdad, su política general, de la verdad: es decir, los tipos de discurso que acoge y hace funcionar como verdaderos o falsos, el modo cómo se sancionan unos y otros; las técnicas y los procedimientos que están valorizados para la obtención de la verdad; el estatuto de quiénes están a cargo de decir lo que funciona como verdadero… La verdad está ligada circularmente a sistemas de poder que la producen y la sostienen, y a efectos de poder que induce y la prorrogan. La verdad se constituye en un régimen de la verdad. (Foucault, M. Verdad y poder. Ediciones Altaya. Barcelona. Página 143.)

De acuerdo a la ley 20.957, en su artículo 5, el Presidente de la Nación, tiene la facultad de designar embajadores que posean condiciones relevantes. La comisión unicameral de acuerdos, del legislativo, debe emitir dictamen. Sin más requerimientos, la designación de los embajadores, llamados “políticos” siempre estuvo vinculado a los criterios discrecionales de cada uno de los titulares del ejecutivo nacional de ocasión.