Por Ricardo Aronskind

La preocupación por la deuda externa no debería tapar el estado de la economía real: ambas esferas son importantes y están fuertemente relacionadas. Así nos vamos enterando que la producción siderúrgica cayó 10% en 2019 o que, según el Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires, el mercado inmobiliario local tuvo “el peor año de la historia”, con una caída de las ventas del 40,2% en relación al año anterior. La buena noticia de que se logró un superávit comercial externo de 16.000 millones de dólares queda empañada por las razones de ese superávit: se explica exclusivamente por la contracción del mercado interno. La cantidad de bienes exportados en 2019 subió menos del 1%, mientras que la cantidad de bienes importados cayó el 16%, reflejando el derrumbe de la actividad económica doméstica.

El macrismo logró elevar el déficit financiero de la Tesorería de la Nación al 3,76% del PBI, dedicado al pago de intereses de la deuda pública. Ese grave agujero fiscal tiene como contrapartida un dato tenebroso: durante toda la gestión de Cambiemos se fueron en “formación de activos externos del sector privado no financiero”, es decir dólares comprados para atesoramiento y fuga de nuestra economía, 88.371 millones de dólares. Es el equivalente aproximado a 900 fábricas de gran porte, que hoy podrían estar generando numerosos puestos de trabajo, produciendo riqueza exportable y ahorrándole divisas al país.

Algunos macristas, para escapar de las contundentes pruebas de su incompetencia económica, quieren blindar su preferencia conservadora, refugiándose en el vaporoso mundo de la “ética”. Parece que allí tampoco quedarán guaridas disponibles para los adherentes a Cambiemos: el escándalo de mega-crédito del Banco Nación a la empresa Vicentin es una síntesis de la inmoralidad e ineficiencia que caracterizaron al período finalizado el 10 de diciembre. Esperemos que esa síntesis perversa sea visualizada por amplios sectores de la sociedad.

Nosotros y el capital financiero global

Entre tanto está en marcha la gran negociación de la deuda externa, de la cual depende en parte el curso del actual gobierno.

Se han dado algunos pasos provisorios, como la extensión del plazo del vencimiento de las LETES en diciembre, el canje reciente de una parte de las LECAP por LEBAD, reduciendo stock de deuda en 2.000 millones de pesos y extendiendo los plazos, y está en marcha el diferimiento de un pago de capital por 250 millones de dólares de la grave deuda acumulada durante la gestión vidalista de la Provincia de Buenos Aires. Son parches transitorios, que muestran la imprescindible necesidad de refinanciar todo el paquete, así como la voluntad de hacerlo en el marco más acordado posible.

Mientras tanto, ya está en marcha el mecanismo global de presión sobre los países endeudados: Standard & Poor’s ya bajó la calificación de la deuda argentina y hubo un repunte en el indicador financiero de riesgo país, que mide la incertidumbre de los acreedores en cuanto al cobro de la deuda. Los valores de los bonos de deuda pública en dólares cayeron. Sin embargo, no es eso lo que debería preocupar a lxs argentinxs.

Para poder trazar un mapa del escenario que tenemos enfrente, hay que entender cómo funciona el sistema financiero global, que es económico y político al mismo tiempo.

El sistema consiste básicamente en un entramado de intereses e instituciones del capital financiero global respaldado por las principales potencias atlánticas. Este monumental mecanismo de poder y negocios abarca desde los financistas propiamente dichos –existe una diversidad de actores muy concentrados—, los empresas internacionales que “califican” a los países, las instituciones privadas que definen en qué momento hay default, los medios globales de comunicación y de formación de opinión a favor de las corporaciones financieras, el sistema de “expertos” y especialistas encargados de transmitir la visión del capital a dirigentes y dirigidos, los intermediarios e influyentes existentes en todas las transacciones, los actores institucionales como Bolsas y representantes corporativos, los estudios de abogados especializados en vivir de los que viven de los otros, los tribunales radicados tanto en los países centrales como en organismos “internacionales” (que responden a los países centrales)… Todo ese entramado está básicamente sincronizado en torno a custodiar el orden financiero especulativo vigente, y comparte la misma ideología de maximizar la ganancia financiera a costa de la economía productiva del planeta, y especialmente de la periferia endeudada.

Pasado en limpio, es un gigantesco aparato diversificado, respaldado por el peso político, militar e ideológico de las mayores potencias del mundo. Por si alguien se lo pregunta, ni China ni Rusia cuestionan este funcionamiento económico global, sino que disputan con la pretensión occidental de dominarlos a ellos también.

El anuncio del Ministro de Economía Martín Guzmán, en el sentido de pedir la prolongación de la jurisdicción extranjera sobre la deuda a renegociar, ha planteado importantes debates en el seno de los sectores comprometidos con el proyecto nacional. La pregunta que subyace es: ¿cómo hacer para que nunca, nunca, nunca tengamos que estar nuevamente dependientes de jueces como Griesa, que están al servicio de los acreedores financieros o peor aún, del capital más parasitario y rapaz?

¿Cómo hacer para no estar sometidos a una pesadilla de endeudamiento en un sistema en que jueces y acreedores son básicamente lo mismo? ¿Y cómo evitar la sistemática injerencia en nuestros asuntos internos de organismos que responden a los países centrales, como el FMI, traídos por las crisis de deuda provocadas?

Respuestas fáciles que son difíciles

La contestación a esos interrogantes nos remite al largo período transcurrido desde la dictadura militar hasta la actualidad. En principio, sería sumamente recomendable no tener deudas con el sistema global, o que esas deudas sean muy reducidas, como en la Argentina previa a la dictadura cívico-militar.

Pero la regla de oro básica que debería respetar un país soberano en relación al endeudamiento externo es tener deudas completamente compatibles con su capacidad de pago. Es decir, relacionar permanentemente, en forma dinámica, la capacidad de generación de divisas genuinas del país, con los compromisos externos que se deban afrontar. Eso implica, necesariamente, trabajar con inteligencia sobre nuestra estructura productiva para que no sea dependiente de los préstamos externos para crecer.

Pero tenemos un problema que es todavía previo a esa clarísima regla racional: ¿para qué nos endeudamos?

Es evidente que no es lo mismo utilizar un crédito internacional para construir una represa hidroeléctrica, una vía ferroviaria de interconexión o financiar el desarrollo de una innovación científica, que utilizarlo para vender dólares baratos (subsidiados) a los ricos para que los coloquen en Panamá. Desgraciadamente, esta cuestión tan elemental no está resuelta en la sociedad argentina, como lo prueba la experiencia macrista que es un ejemplo absoluto de la segunda opción.

Guzmán lo señaló con claridad: entre abril de 2016 y abril de 2018 los genios neoliberales lograron que Argentina perdiera su capacidad de cubrir sus compromisos externos. No entró en default porque el FMI corrió a auxiliar al gobierno del vasallo norteamericano Macri.

Sorprende que aún el discurso económico de la derecha argentina tenga apelación sobre sectores importantes del electorado, ya que del sector social de más altos ingresos salieron los gobiernos que se caracterizaron, ya en tres ocasiones, de endeudar a nuestro país más allá de sus posibilidades de pago.

Jamás los proyectos neoliberales acudieron al crédito externo en proporciones sensatas. Jamás lo hicieron calculando racionalmente los flujos de intercambio externo y compatibilizando los ingresos de fondos con nuestras capacidades exportadoras.

El papel de este sector no termina allí: en sus gobiernos la inversión productiva con sesgo exportador es irrelevante, al tiempo que son los grandes protagonistas de la fuga de capitales, que implica la esterilización de gigantescas masas de fondos que podrían protagonizar un vigoroso despegue productivo.

Ya en la oposición, desgraciadamente, asumen el papel de defensores y de voceros de los acreedores ante la opinión pública local. Para ellos “honrar los compromisos externos” es la meta suprema, sin importar qué vida aguarde al resto de sus compatriotas. Sus socios principales no hablan castellano.

Entender que el sistema financiero global es un aparato de control y dominación es clave, en relación a otras preguntas que se formulan en el campo nacional.

Hay quienes legítimamente quisieran que se pudiera decretar la nulidad de ciertos endeudamientos, apelando a la inconstitucionalidad de los procedimientos, a la falta de transparencia legislativa, a los desmanes administrativos y jurídicos locales, etc. Hay en dicho planteo, que se apega al criterio de justicia y a la legalidad interna, una cierta incomprensión de qué tenemos enfrente.

Ante nosotros está la “Comunidad Financiera Internacional” que hemos descripto, ese ente descomunal al servicio del capital financiero, al cual ese tipo de menudencias internas, sean legales o políticas, le importan un bledo.

Recordemos que en su momento la dictadura cívico-militar generó el endeudamiento madre de todos los endeudamientos argentinos posteriores: para la comunidad internacional había una “caja negra” que se llama Argentina a la cual le habían prestado dólares. De esa “caja negra” deberían salir los dólares para pagar los compromisos asumidos por quien sea, compromisos que ellos mismos, a su vez, graduaban mediante el manejo de la tasa de interés internacional.

En realidad, lo más importante no es que Argentina pague sus deudas, sino que pague los intereses. Sin deudores, no existiría el sistema financiero. Además, cuanto mayor sea el “desprestigio” del país, generado a partir de las pésimas prácticas macroeconómicas de los gobiernos neoliberales, de la prensa especializada internacional al servicio de los acreedores y del importantísimo lobby local al servicio de las desmoralización de la población, mejor, porque así los prestamistas exigen tasas de interés más altas, justificadas por la “desconfianza” que genera la imagen argentina.

Estamos en presencia de un mecanismo global de exacción, no de un negocio normal entre caballeros. Es gracioso que en las negociaciones financieras internacionales se hable de “buena fe”. Si hubiera habido buena fe en los prestamistas, no le hubieran prestado tanto al gobierno macrista, viendo que no había nada en su política económica que permitiera suponer capacidad de repago. Es que no hay buena fe en el sistema, sino especulación desmesurada en los fondos de inversión –sabiendo que alguien finalmente terminará cubriendo sus aventuras—, y apuesta política estratégica en los países centrales sobre poner a los países deudores entre la espada y la pared para incrementar su dependencia y sometimiento.

La trampa en que cayó Alfonsín

La gran advertencia histórica que deberían tener los negociadores argentinos en el actual proceso de reestructuración es que no nos lleven a la situación en la que quedó entrampado el gobierno alfonsinista: el gobierno argentino de ese momento aceptó pagar la deuda en su totalidad, aceptó no generarle a los bancos acreedores ningún evento traumático, pero las condiciones generales de la economía mundial en las que asumió los compromisos contraídos por la dictadura eran tan desfavorables que terminaron haciendo inviable la muy meditada macroeconomía de ese radicalismo.

Sin pretenderlo ni buscarlo, aquel gobierno terminó siendo un instrumento democráticamente elegido para que la población aceptara el sacrificio, se disimulara el origen de las penurias económicas y continuaran engordando las arcas de los irresponsables bancos acreedores. Alfonsín supo con mucha amargura qué era tener enfrente a la Comunidad Financiera Internacional.

Esto significa que las definiciones de política económica del ministro Guzmán y las del Presidente de la Nación cobran una importancia crucial. Varias veces ellos han señalado que se busca garantizar las condiciones macroeconómicas para la viabilidad del crecimiento del país. Este equipo económico comprende perfectamente la importancia del balance comercial y el balance de pagos de nuestro país. Será importante tener la fortaleza política, pero también la inteligencia histórica, para enfrentar con mucha firmeza la negociación.

El criterio inclaudicable en las negociaciones en marcha es precisamente el principio realista de viabilidad económica pero también social, porque toda “flexibilización” de este principio, que seguramente será puesto en entredicho por las demandas siempre irresponsables de los acreedores, pondría en crisis al actual gobierno. Y lo que es peor, dañaría a toda nuestra sociedad. Un traspié en ese sentido de la actual gestión abriría otra vez las puertas para que vengan a gobernar nuevos agentes de la globalización neoliberal, o sea, renovados protagonistas del saqueo de las riquezas de las que dispone el país.

Si el nombre de la actual crisis de solvencia externa es macrismo, la solución pasa por hacer exactamente las políticas económicas inversas.

Donde hubo endeudamiento para la fuga de capitales, sólo toma de crédito con fines productivos; donde no hubo estímulo a las exportaciones diversificadas, incentivos inteligentes y eficientes; donde hubo apertura irresponsable de importaciones, sustitución eficiente de importaciones; donde no hubo inversión, fuerte impulso al incremento focalizado de la producción de bienes y servicios. Y donde lo que primó fue el “mercado”, o sea los intereses exclusivos de las grandes corporaciones, tiene que aparecer el Estado, organizando, planificando y orientando un país que no puede seguir en la deriva malsana de la globalización neoliberal.

FUENTE: elcohetealaluna.com