ARTICULO 1° — Declárase intervenido el Poder Judicial de la Provincia de Corrientes para garantizar la forma Republicana de Gobierno y la administración justicia.

ARTICULO 2° — El Poder Ejecutivo Nacional designará al Interventor Federal del Poder Judicial en la Provincia de Corrientes quién, para el cumplimiento de los objetivos expresados, tendrá las siguientes atribuciones:

2º 1.- Remover y designar a los magistrados, funcionarios y empleados que integran el Poder Judicial de la Provincia de Corrientes.

2º 2.- Dictar los reglamentos y disposiciones necesarias para establecer un sistema de subrogancias y de designación de conjueces para atender las vacancias que se generen durante la vigencia de la presente intervención. 2º 3.- Ejercer todas las atribuciones necesarias para llevar adelante los objetivos y funciones que se le asignan y los que expresamente se le encomienden de conformidad con lo establecido en la presente ley.

ARTICULO 3° — Declárase en comisión a los miembros del Poder Judicial de la Provincia de Corrientes. Las designaciones que disponga el Interventor Federal serán consideradas en comisión hasta la normalización institucional del poder Judicial de la Provincia de

Corrientes.

ARTICULO 4° — Fíjase el plazo de la intervención en CIENTO OCHENTA (180) días, prorrogables por igual término por Decreto del Poder Ejecutivo Nacional, para asegurar la normalización y pleno funcionamiento del Poder judicial de la Provincia de Corrientes.

ARTICULO 5º El Poder Ejecutivo Nacional, a través del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, impartirá las instrucciones a las que deberá ajustar su cometido el interventor federal, con el objeto de asegurar la normalización y reorganización de la administración de justicia en la Provincia de Corrientes.

ARTICULO 6° — Los gastos que demande el cumplimiento de la presente ley se imputaran a los créditos del Presupuesto de la Administración Nacional para el ejercicio 2016, en las partidas correspondientes a rentas generales.

ARTICULO 7º — Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Fundamentos.

La esposa del ex gobernador Raul Romero Feris y actual Senadora Provincial, acompañada por diversos legisladores, Nora Nazar en las puertas de la legislatura denunció que fue amenazada junto con sus hijos y sus nietos, y que el juez Juan José Cochia "es un apéndice del gobernador Ricardo Colombi". "Este dolor que le causan a Tato lo puede matar", alertó.

A Nora Nazar la acompañaron por los diputados Omar  Yung y Yayo Meza del PaNu, los ex legisladores Ana Maria Pencieri y Bruzzo, la concejal de la capital Mirta Leiva, dirigentes del PaNu y militantes. También estuvo presente el diputado Raúl Alfonzo del Partido Autonomista, y la recientemente removida Presidenta del Centro de Jubilados, Marìa Mercedes Solís de Zambrano.

"Hablo como esposa de Tato Romero Feris. Un marido que ha trabajado por esta provincia que ha dejado la provincia sembrada de obras, un hombre que ha dado a su gente, la posibilidad de la asistencia a sus necesidades le ha dado todo lo que ha podido durante su gestión, le ha dado 24.500 viviendas en una gestión. Estoy como esposa de Tato sosteniendo mis emociones, destruida nuevamente y, casi diría que con miedo. Soy madre, tengo nietos, y tengo miedo", dijo.

"Tengo miedo de este gobierno, a que algo pueda ocurrirme, a mi o a mi familia, y lo digo con mucha y con plena seguridad", agregó

"Haré todo lo posible para que estemos protegidos, y si tengo que denunciar lo voy  hacer, y si tengo que pedir que protejan a mis hijos y a mis nietos, también lo voy a hacer, no confió en este gobierno", alertó Nora.

"Sentimos el acompañamiento y la solidaridad de muchos partidos que estan con nosotros, y que esta detrás nuestro apoyándonos", agregó

Nora siguió diciendo: "durante mi periodo como como diputada he sido totalmente obediente, a veces como rehén, o porque es mi conducta habitual a todo lo que este gobierno ha pretendido. Este gobierno ha ofrecido una candidatura para mí porque necesitó los votos del Partido Nuevo para llegar al gobierno. No le debemos nada, ellos sí nos deben mucho. Si no, no estarían sentados donde están".

"Estas amenazas se han ido incrementando a partir de mi designación como presidente de la Comisión de Poderes del Senado, lo cual le quita protagonismo activo en la designación de jueces, que son manejadas caprichosa y arbitrariamente por del Poder Ejecutivo", advirtió.

"El rol opositor asumido por mí al cual se sumaron mis pares del FPV logró desatar la ira de este gobernador, al haber perdido la cordura y el rumbo, al ver perdido la posibilidad de su reeleccion, y por lo que publicó el diario Norte de Corrientes, que tiene la cantidad  de denuncias que pesan sobre este gobernador, y las vamos repitiendo dia  a dia, sacando dia a dia a pesar de las amenazas que sufre este medio", dijo.

"Esta manera es tan burda que se ha dejado en evidencia que, por ejemplo, el juez Juan Jose Cochia, que ordenó la detención de mi marido y ordena ejecutar la prisión, es el mismo juez que que a través de un habeas corpus impidió que este gobernador tenga que presentarse a la justicia federal a dar explicaciones sobre su enriquecido patrimonio", resaltó Nazar.

"Tratando de tapar el sol con las manos, el Poder Ejecutivo pretende que con esta cárcel absolutamente inconcebible desde lo jurídico, torcer mi voluntad y doblegarme,  pero delante de la ciudadanía que siempre ha confiado en esta mujer, esposa y madre, abuela, que supo contra todos los pronósticos  y vejámenes, aguantar todo a lo que nos sometió el autoritarismo de este gobierno en plena democracia. Hoy más que nunca me encuentro entera, fortalecida y completamente decidida a continuar afrontando todos los embates, sin claudicar en los principios rectores que hacen a la filosofía de los principios rectores de este partido al que pertenezco al que quiero , al que amo, porque es un partido diferente, con un Corazón en  permanente atención a las necesidades de quienes nos debemos: la gente, que son ustedes, que es ese sector más vulnerable, más necesitado, el que siempre ha acudido y ha salido con respuesta favorable. Estoy muy feliz y agradecida a Dios la existencia del Partido Nuevo", expresó

"Desde el corazon y sin comprometerle agradezco mucho, muchísimo,  haber podido leer en un medio las palabras de Monseñor Stanovnik, que guardan conceptos profundos y sinceros, que” el gobernante que tiene odio y rencor no es un buen gobernante”. Y  fíjense quien está actuando con revanchismo y venganza. Hay que decirlo claramente que esta detención de Tato hoy no es solo un acto de venganza personal, sino que yo también he sido amenazada, y en las cuestiones personales de mis hijos, de mi hijo que está en proceso de separación, también se han inmiscuido en el proceso de tenencia de mi nieto. Esto es inconcebible", contó.

Esto es el Poder Judicial.

"Este es el Poder Judicial. Ha invadido mi vida, ha invadido mi casa, ha invadido mis afectos más profundos, ha invadido el corazón de mis hijos, y verlos  adultos y buenas personas que realmente han tomado de su padre su vocación  verlos llorar a esta edad, y a mis nietos con los ojos tan abiertos que no saben que está pasando, yo no sé si podré perdonar, estoy cansada de perdonar, de ser respetuosa, de ser amable y gentil con el enemigo . ¡Que dolor siento siento hablar del enemigo!, creí que esa palabra ya no usaría más, porque confié y seguiré confiando, por la Virgen, por mi compromiso, por lo que soy, por lo que aprendí al lado de Tato y más allá de Tato, al lado de su gente que se ha sumado y ha tenido la misma conducta por este partido", sostuvo.

Y agregó: "sola no estoy, siento la compañía de los demás partidos que se han solidarizado y que realmente les agradezco profundamente en esta situación".

Que nada le pase a Tato.

"Pido a Dios que nada le pase a Tato, porque lo que le pasa en su salud es por el dolor, que el dolor no lo mate, que siga alli mientras tanto, y no en el lugar al que se le quiere llevar, que hemos comprobado que ese lugar no tiene nada que le pueda auxiliar y ni siquiera en una urgencia medica. No es un lugar digno", señaló.

Expresiones públicas del actual Intendente (FPV) de la Ciudad de Corrientes:

“Hace mucho tiempo decimos que hay un sector del Poder Judicial que emite sentencia en determinados momentos políticos., y esto no ayuda. Si alguien comete un delito lo tiene que pagar con una condena, ahora cuando hay una condena, y ésta se guarda, se la saca… eso implica que los intereses son otros”, sostuvo Fabián Ríos, en declaraciones exclusivas a medios de prensa.

Y recordó: “ya pasó con un secretario privado de otro gobernador que fue detenido en plena campaña y después nadie más supo que pasó. No hubo más noticias de esos supuestos delitos escandalosos, entonces lo único que se vio es que se detuvo a una persona en plena campaña electoral”

“Cada vez que hay un conflicto aparecen por casualidad este tipo de cosas”, insistió.

"Hay una forma de construcción política muy conservadora en Corrientes que siempre causó mucho daño", agregó.

Comunicado de Legisladores del Justicialismo:

Los Senadores y Diputados Provinciales del Partido Justicialista, ante los hechos que son de público conocimiento y que han tomado estado parlamentario en la Honorable Legislatura Provincial; a raíz de una comunicación del Tribunal Oral Penal Nº 2; manifestamos nuestra honda preocupación institucional y republicana.

Este proceder, atípico e inadecuado no hace más que pretender dar un tinte político al actuar de la Justicia, intentando amedrentar a uno de los Poderes del Estado.

Preocupa este accionar ya que no queremos que nuestro Pueblo sea pasible de estas prácticas para nada democráticas y republicanas donde la celeridad de un proceso judicial depende de los hechos y momentos políticos que se suceden.

En este contexto, sostenemos la necesaria división de Poderes, mandato constitucional que deriva en el indispensable equilibrio del Estado.

"La Justicia no debe ser usada como espada de extorsión política"

Se suman posiciones críticas respecto a la delicada situación institucional en Corrientes, a partir de las últimas decisiones judiciales. "Vemos con preocupación como una parte de la Justicia en Corrientes está siendo usada, como herramienta de extorsión y chantaje, por el poder político en la Provincia. Ejemplo de esto es la situación judicial del ex Gobernador Raúl Rolando “Tato” Romero Feris", dice un texto firmado por legisladores nacionales del FPV, y referentes de líneas internas de dicha agrupación

Comunicado de Ana Almirón, senadora nacional FpV Corrientes, José “Pitín” Ruíz Aragón, diputado nacional FpV Corrientes, Dra. Sonia López (diputada provincial MC y Sec. General del Partido Comunista); José Luis Gálvez (concejal de Corrientes MC y Presidente de Nuevo Encuentro); Dr. Ricardo Pacios (Agrupacion Los Irrompibles UCR); Daniel Arce (Vicepresidente de Kolina Corrientes).

Vemos con preocupación como una parte de la Justicia en Corrientes está siendo usada, como herramienta de extorsión y chantaje, por el poder político en la Provincia. Ejemplo de esto es la situación judicial del ex Gobernador Raúl Rolando “Tato” Romero Feris, cuyas causas judiciales datan desde hace 17 años, con más idas y vueltas vinculadas a los vaivenes de la política local que a la necesidad de esclarecer los hechos que se ventilan en el marco de un procedimiento serio, constitucional y razonable en el tiempo.

Romero Feris fue destituido de su cargo de Intendente de la Ciudad de Corrientes en el año 1999 por una Intervención Federal, luego enjuiciado y encarcelado preventivamente en el marco diversas denuncias que se sustanciaron, y tardaron años en llamar a juicio, dictar condenas, en unificarlas para después de 17 años recién ejecutarla.

“La demora de la justicia significa injusticia” (Walter S. Landor). Un tiempo demasiado largo de especulaciones, de expedientes dormidos y después de años convenientemente despertados, solo se explica desde la política y la oscura práctica del chantaje a dirigentes partidarios en función de procedimientos judiciales que, más allá de su mérito de fondo que no cuestionamos, son usados más como herramienta de disciplinamiento y no como el resultado de la Justicia reclamada y debida a la Sociedad.

Es notorio y preocupante observar como hoy, que la realidad política ubica al Partido Nuevo en la oposición al gobernador Ricardo Colombi, la Justicia vuelve a ordenar la detención de “Tato” Romero Feris. A pocos días de que la senadora Nora Nazar de Romero Feris fuera designada con el apoyo de la oposición como presidenta de la Comisión de Peticiones y Poderes (donde se estudia los pliegos para jueces y funcionarios judiciales), cargo pretendido por Colombi para la UCR, y, a pocas horas de anunciada la posible candidatura del ex gobernador Romero Feris para el año 2017, la Justicia de Ejecución, después de años, sentencia la ejecución de condena.

Es muy evidente además, si Romero Feris fue declarado culpable en los casos de corrupción que se han investigado, ¿Cómo fue que silenciosamente Pedro Braillard Poccard, quien fuera el gobernador entre 1997 y 1999 por el PANU y destituido por Juicio Político, ha sido retirado convenientemente de estos expedientes que lo involucran? ¿Será porque el entonces gobernador durante el mayor estallido social que haya sufrido la Provincia hace tiempo es aliado político de Ricardo Colombi? Los dirigentes políticos estamos obligados a hacernos estas preguntas y de responder a la Sociedad.

Por otro lado, no se entiende esta selectividad judicial: Se sentencia que Romero Feris debe ir preso pero al mismo tiempo la Justicia de Corrientes ha permitido que prescriba la causa por los 60 millones de dólares que Óscar Aguad, ex interventor de la Municipalidad de Corrientes y actual Ministro de Comunicaciones del Gobierno Nacional del PRO, ha desviado de la Provincia y su destino aún se desconocen.

Esta misma situación que se vive hace tiempo en la Provincia de Corrientes se está observando en el país: el Partido Judicial (un sector de la Justicia que se agrupa indebidamente), desde una manifiesta parcialidad, investiga, persigue y busca demonizar y encarcelar a dirigentes identificados con los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner (como Milagro Sala en Jujuy por ej), como incriminar a la propia ex Presidenta; mientras que hace la vista gorda cuando se trata de esclarecer las cuentas Off Shore del presidente Mauricio Macri en los “Panamá Papers” guarida de dinero no declarado en el país, así como las más de 200 causas judiciales que tiene el presidente cajoneadas.

La República Argentina necesita del respeto al Estado de Derecho, cuya base es la división de Poderes. Si la Justicia es usada para beneficiar a un determinado sector político, la República estará dejando de ser tal, para darle lugar a una Tiranía. Los dirigentes políticos tenemos el deber de proteger a la Justicia de estas intervenciones conspirativas, guionadas desde los sectores políticos que no aceptan las reglas de la convivencia Democrática y pretenden gobernar acallando a la oposición con cacería de brujas, inquisiciones mediáticas y encarcelamiento de dirigentes.

Por la vigencia de la Democracia y el Estado de Derecho trabajamos para recuperar la Justicia de las garras de la política autoritaria.

Tal como lo expresara en sus fundamentos el Senador Nacional (MC) José María Roldán, los argumentos en aquel entonces esgrimidos, no se habrían subsanado y tal vez, ambas cámaras del legislativo nacional entiendan que;

No se está cumpliendo el mandato preambular de afianzar la justicia, se viola de manera ostensible el recaudo que obliga nuestro art. 5 en función del art.123 de la Constitución Nacional.

La Provincia de Corrientes no cumple con los recaudos mínimos e indispensables de asegurar la administración de justicia y con ello cumplir con el recaudo del Estado Social Democrático y Republicano de Gobierno, lo que obliga al Estado Federal a aplicar el art.6 de la Constitución Nacional y asegurar el mandato cardinal de nuestro texto máximo. Por imperio del artículo 75, inciso 31 incorporado por la reforma constitucional de 1994, que expresamente dispone: "Disponer la intervención federal a una provincia o a la ciudad de Buenos Aires, aprobar o revocar la intervención decretada, durante su receso, por el Poder Ejecutivo."

 Es que en el año 1929, al resolver el caso "Orfila", nuestra Corte Suprema señala que "este poder del Gobierno Federal para intervenir en el territorio de las provincias ha sido implícitamente conferido al Congreso. Es a éste a quien le corresponde decidir qué género de gobierno es el establecido en el Estado, si es Republicano o no, según las normas de la Constitución, si está asegurada o bastardeada la administración de justicia, si existe régimen municipal, si se imparte la educación primaria para enunciar todas las condiciones generales y especiales expresadas en el artículo 5°" (Fallos 154:192 )

Le toca a este cuerpo proceder en consecuencia, a fin de proveer al pueblo de la Provincia de Corrientes el remedio indispensable, producto de los hechos que pasamos a exponer y que constituyen el núcleo y fundamento de este propósito:

La grave situación del poder judicial de la Provincia de Corrientes nos impone la obligación de solicitar este remedio para garantizar a todos los habitantes de esta provincia el cumplimiento indispensable del mandato imprescindible de un Estado de Derecho: vivir bajo el imperio de la ley, garantizar su aplicación en un marco de igualdad ante la misma.

El extremo llegado a límites del paroxismo nos lleva a una situación donde lejos de ser algunos jueces, más concretamente, los miembros del Superior Tribunal de Justicia, la garantía efectiva de la prestación del servicio de justicia, un órgano imparcial de gobierno, se constituyo en una suerte de expresión monárquica y despótica en la prestación de un servicio indispensable para asegurar el régimen que nos constriñe el art. 1 de nuestra carta magna.

Finalmente y tal como expresa el filósofo correntino, Francisco Tomás González Cabañas, en su premiado ensayo “Democraticidio”:

La violencia del estado que en la actualidad se traduce en su sobre-presencia en ciertos sectores a costa de la ausencia del mismo en vastas áreas y bolsones, la sobreactuación de un supuesto sentir o hacer democrático, en donde sólo se ejerce una dudosa aclamatoria de mayorías (sistemas de preselección de candidatos cerrada, como internas que no se llevan a cabo, que transfieren el sentido de elegir por el de optar, entre quiénes ellos, de acuerdo  a sus reglas disponen que tengamos que optar, es decir elegir condicionados) debería estar tipificado en la normativa, como uno de los delitos más flagrantes contra las instituciones y el pleno ejercicio de la libertad, de tal manera, la ciudadanía no tendría excusas como para no levantarse en puebladas, en manifestaciones que dan cuenta de la total y absoluta anomia, en que la incapacidad de cierto sector de la clase política nos puede volver a conducir en cualquier otro momento u oportunidad. Propuestas es lo que sobran, se precisa de predisposición de estos para hacerles sentir a la ciudadanía que algo determinan, con el pago de sus impuestos y con sus votos. En tiempos electorales, una práctica que debería ser desterrada y que es una muestra expresa del democraticidio, es la compra de votos, sea mediante una dádiva, prebenda, por intermedio de corte de chapas, dinero, mercadería, merca o lo que fuere, como de las mentiras flagrantes e inconsistentes las que ofrecen por doquier. Como también lo es la no sanción de los hechos de corrupción, o la dilación en demasía para resolver los mismos, perpetrados por hombres que hayan pertenecido a al funcionariado público. Cuando no el uso discrecional y arbitrario de causas, que mágicamente despiertan del sueño de los justos por circusntancias meramente coyunturales o electoralistas.

Sí somos presa de políticos corruptos (lo es quién hace uso de resortes de otros poderes, para irrumpir sobre el principio de inocencia y sobre la cosa juzgada, o sobre la persecución política, disfrazada de ariete judicial) seguiremos encarcelados en el imperativo de una sociedad penalizada y penalizante para sancionar delitos y no para reconvertir conductas que no nos lleven a ellas.