Lo cierto es que -en oportunidad de estar debatiéndose en el Congreso la llamada “Ley Bases”- hemos sido espectadores, en directo y por todos los medios de comunicación, de graves hechos de vandalismo y de barbarie contra la integridad personal, la libertad y la propiedad de ciudadanos que nada tienen que ver con estas manifestaciones públicas de delincuentes que, perfecta y notoriamente organizados, acometen contra bienes de particulares y del Estado y que son apoyados (y, seguramente, solventados económicamente) por sectores políticos y sindicales antidemocráticos, que recurren a la violencia de estos facinerosos como medio propicio para imponer ideas, conductas y decisiones o evitar que ellas se concreten, como ha ocurrido días atrás frente al Congreso de la Nación. Es mas que evidente que estos bandidos no actuaban espontáneamente, ni tenian la menor idea de qué se estaba debatiendo en la Cámara de Senadores; solo estaban allí para desplegar toda la violencia posible que provoque, -merced a la palmaria complicidad de algunos legisladores (aunque siempre actuando en la oscuridad del poder) y sectores políticos suficientemente conocidos-, la suspensión o el levantamiento de la sesión legislativa, en una intentona de evitar lo que finalmente ocurrió, la sanción de la ley. Pero, sin perjuicio de todo esto, lo grave es el hecho criminal en sí mismo, que viene a reemplazar a una disfrazada protesta social, que nada tiene de protesta ni de social. Es todo lo contrario, y no descubro la pólvora al decir que son hechos que encuadran claramente en figuras tipificadas en el Código penal vigente: hurtos, robos, daños, amenazas, desórdenes, incitación a la violencia colectiva y diversos atentados contra el orden público, sin perjuicio de que también pudiese configurarse un caso de asociación ilícita, si la agrupación de personas que ejecutan los actos de violencia fue formada para cometer delitos, sea en las acciones  de sus propios integrantes como en las de los jefes u organizadores de la misma. La justicia tendrá, como siempre, la última palabra, pero no todo se puede esperar de la justicia, que la mayoría de las veces llega muy tarde (o no llega nunca). En algún momento se debe poner fin a este tipo de situaciones de violencia colectiva, que se ocultan en una pantomima de protesta social para legitimar lo injustificable, pero, para ello, el sistema de justicia necesita, no solo de jueces y fiscales valientes y decididos a aplicar la ley, sino también del apoyo político y de la sociedad toda, si pretendemos vivir en una Argentina normal, civilizada, realmente democrática y abierta al mundo libre.

Por Dr. Jorge Eduardo Boumpadre.