Lo confirmó el abogado del organismo, Ricardo Gil Lavedra. "La calificación no tenía que tocarse", aseguró sobre el cambio de carátula.

Tal como lo afirmara el Gobernador “Gustavo Valdés” en la apertura de las sesiones ordinarias, el traslado de la unidad penitenciaría, debe dejar pasar, a la reconversión del espacio, no en un mero y huero negocio inmobiliario o en el parquizado desértico de un espacio en verde como baldío, sino su traducción como un espacio cultural, en donde se expongan los aspectos más esenciales de la correntinidad, como el chamamé, el carnaval y su poética, exponen desde el centro cultural Desiderio Sosa, que promueve la medida. “Estamos dejando atrás un sistema cultural, la facultad de participación, de proyección y de inclusión en las temáticas de lo que administra el poder, no son patrimonio exclusivo de los poderes instituidos, al contrario, cobran sentido, se relegitiman con estas propuestas que surgen desde la ciudadanía y que como tales presentaremos en la legislatura, como dejarlas a la consideración mediática y pública para que una temática como la indignidad que se vive en la cárcel insigne de la provincia, se reconvierta en un espacio cultural de lo mejor de la correntinidad en pleno”.

La Justicia ordenó la detención de tres altos funcionarios del gobierno de la provincia de Chaco. Son Horacio Rey, Roberto Lugo, Susana Fernández, Ricardo Ariel Retamozo y Claudia Varela, miembros del gabinete de Domingo Peppo. Luego fue detenido anoche y hoy se presentó Ismael Fernández.

La rusofobia, latente desde hace unos años, ha llegado para quedarse. Regularmente estallan escándalos que ponen a Rusia en la picota: desde acusarlos de llevar a Trump a la Casa Blanca a la implementación de un programa estatal de dopaje y todo sin pruebas, claro. Muchos de los casos guardan un patrón: emergen a las puertas de grandes citas deportivas.

El histórico Café El Mariscal, este sábado 17 a las 22:30 hs. será anfitrión de música viva de la mano de jóvenes artistas.

Abogados, peronistas, legisladores nacionales, mandatos cumplidos y con múltiples cargos partidarios, uno habiendo enfrentado en una histórica interna al propio Don Julio, el otro formando parte de su histórico gobierno, interrumpido de facto, unidos, como la gran familia peronista, a lo que agregan la “gran familia democrática” de Corrientes, son quiénes presiden, simbólicamente la comisión creada a los efectos de conmemorar a Julio Romero, a su gobierno despojado del poder dimanado de la voluntad popular y a la democracia misma, para que mediante el gobierno del municipio capitalino, como del gobierno provincial, se ponga en marcha el primer movimiento para mediante un concurso público, se erija en un espacio público, que promueven denominar “Memorial de la democracia. Dictadura nunca más”, el monumento a Julio Romero, en donde puedan intervenir todos aquellos que se sientan interpelados por el peronismo en particular y la democracia en general.

El presente documento se constituye en las bases y principios, en las síntesis fundantes o fundacionales, de la “escuela correntina de pensamiento” que surca la presente era post-atómica, mediante el desandar reflexivo de un conjunto de seres humanos que en consonancia con estas prioridades, podrán haber dado fe, y testimonio de un transitar en el mundo, pretendiendo rescatar la humanidad del ser, que farragosamente, amenaza con perderse del todo en los laberintos, de espejos reflejados, creados por el pensamiento maquinal, de una razón instrumental, que ya corto su arraigo, lo que la tenía sujeta (el filosofar acerca de lo público, la reflexión serena de lo colectivo) a quien fuera su creador; el hombre en sentido universal.

En pleno éxtasis iniciático del Corrientes Somos Todos, (cuando lo desopilante es aceptado y hasta necesario en tren de que “todos le pongamos onda” como por ejemplo que se reparta una gacetilla que ventila que el vice acompaño al gobernador en una recorrida institucional, y que en la misma se exprese que el dos acompaño o ratifico al uno, como si cupiera otra posibilidad) la conversión en ley de la participación público privada (PPP) como la herramienta imprescindible para el desembarco de las obras del gobierno nacional, más allá de que tenga objeciones planteadas por técnicos tanto de izquierda (conceptuales) como de derecha (estratégicas) puede que se transforme en lo que necesitemos para contar con las obras de magnitud soñadas y anheladas, sin que, conceptualmente el tan afamado “PPP” amenace a que signifique otra cosa, una denominación distinta pero que amalgame lo mismo de tantas veces; una provincia para pocos.

Resulta que la democracia se ha convertido en semántica propicia, mejor dicho, en la excusa perfecta que fumiga de cuajo a la democracia y todo su peso especifico. Es decir, para ser democráticos hay que ir por el absolutismo o la eternidad del poder político, pero ya no de forma violente o interruptora, ahora se lo planifica de forma legal.

Mientras se siga discutiendo el envase, el maquillaje y del decorado, nuestros (el verdadero somos todos) problemas estructurales (que el hijo del rico viva en una sociedad en donde el 30% de sus congéneres sea pobre lo incentiva a que se vaya, en forma real, o se evada mediante el abuso de drogas) continuarán sin siquiera ser abordados. No planteamos contar con un código electoral propio (como el que tienen la mayoría de las provincias) sino simplemente que al menos las leyes nacionales (con las respectivas adhesiones que formalmente se establecen) se cumplimenten en la provincia, como el caso de la presentación de declaraciones juradas de funcionarios provinciales. No sólo que la ley de ética pública nacional (su espíritu) y la que adhiere en la provincia (N°5911) está siendo ultrajada normativamente, sino que, como si fuese poco (y no actuaran fiscales o abogados que presenten la inconstitucionalidad) la que se cumplimenta, es una disposición de la junta militar, que de facto gobernaba el país como Corrientes en 1977, que para mal de males, se hace extensiva a los legisladores locales de la actualidad, cuando tal decreto ley (N° 3333) no contemplaba, al poder legislativo dado que lo había suprimido.