30 de noviembre de 2017
Sea demócrata, controle el poder judicial (Caso Evo Morales, Bolivia).
Tal como lo venimos sustentando, casi en grado de tesina, no existe manera alguna de seguir sosteniendo la legitimidad de las democracias occidentales actuales, sin que el poder judicial, como hápax, como axioma, prevalezca, en su condición subyacente y por ende poco visible, por sobre los otros poderes del estado, articulándolos de forma tal, que las posibilidades de primera o última instancia se correspondan, con la facilitación de este poder preponderante, sea para habilitar actores políticos principales (validar reelecciones, o avalar o suprimir plebiscitos según corresponda al interés del poderoso de turno) como para procesarlos o encarcelarlos en caso de que hayan perdido ese poder, que jamás se le escurrirá de las manos, al judicial, dada sus prerrogativas imperiales que ostenta conceptual como formalmente y que impávida, la sociedad, la ciudadanía toda, atónita como en harta demostración de genuflexión, aprueba mansamente al candor de un compartir o de un me gusta de alguna que otra red social en donde deja discurrir su vida como su nulo accionar público.

Ninguna de las calificaciones eurocéntricas, que nos hacen conservar, producto del verticalismo academicista, aplicado desde la revolución francesa, de derechas e izquierdas, o en sus versiones remozadas de neoliberales y progresistas, tienen algo que ver, o pueden ser soslayadas para comprender la tensión natural que el poder democrático genera per se, en el invento de Montesquieu (en otro de los mandatos eurocéntricos del que no nos podemos descolonizar) de la teoría de los contrapesos, y la necesaria existencia, en grado de independiente, del poder judicial.

No existe democracia actual alguna, en que el poder y no la institucionalidad, ni la legitimidad, no haya determinado que la última palabra, en su calidad de razón última como lo es en su grado natural o instintivo la violencia, la disponga en el escenario público, algún órgano representativo del poder judicial, que casualmente, nunca se expresa en contra de los intereses de los gobernantes, o mejor dicho de los poderosos de turno. En la siniestralidad de presentarse como independientes, como ascéticos e impolutos, los miembros del pode r menos democrático, que no elige a sus integrantes ni por voto y que permite el ejercicio imperial en sus fondos y formas, funcionan como ariete, como brazo oculto, como blasón sorpresivo, como último y sagrado recurso, para que los poderosos puedan negociar posiciones, pero nunca dejen de ser tales, en su integración, más allá de que inviertan roles de oficialistas y opositores.

El judicial actúa como el árbitro de un partido amañado, tramposo, indecoroso, al que las gradas, el público en general ha dejado de prestarle atención o descree en cada uno de los movimientos de los supuestos equipos que se disputan poder, cuando en verdad, tan solo se reparten acciones, movimientos, o cosas, para que el público, jamás ingrese al campo de juego a proponer otras reglas de juego.

El judicial, es el juez que impone, no ya que le corresponde a cada equipo en juego, el rol principal en nuestras democracias del judicial, es que prohíbe a los espectadores que abandonen el campo de juego o que ingresen al mismo. Los tiene a raya, para que hasta incluso aplaudan el desarrollo del juego, por más que no estén de acuerdo con el mismo o ni siquiera conserven un mínimo interés.

Como en cualquiera de las otras aldeas occidentales, en donde la acción es calcada y solo los nombres cambiado, la crónica política o judicial Boliviana, refiere lo siguiente:  

“El fallo judicial que permite al presidente de Bolivia, Evo Morales, presentarse a la reelección sin restricciones refuerza la "voluntad del pueblo" para unos sectores, mientras los contrarios denuncian la vulneración de la decisión popular expresada en un referéndum.

El oficialismo boliviano ha celebrado la noticia, hecha pública este martes por el Tribunal Constitucional (TC), como si proviniese de las urnas, ya que tanto el mandatario boliviano como sus principales colaboradores han entendido que con ello se cumple "el mandato del pueblo boliviano".

Legisladores del gobernante Movimiento al Socialismo (MAS) presentaron en septiembre una demanda ante el Constitucional pidiendo que se declarasen inaplicables algunos artículos de la Constitución y otros de la ley Electoral que impedían a Morales volver a presentarse como candidato.

 



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