La reciente votación sobre la recomposición de las jubilaciones ha revelado una grieta profunda en la Unión Cívica Radical. A pesar del esfuerzo de muchos de nuestros legisladores, la ley que buscaba restituir parte de lo perdido por la inflación fue finalmente rechazada, y esa decisión legislativa tuvo la falta de apoyo de algunos miembros de nuestro propio partido. Este episodio no es solo un revés para nuestros jubilados: es un desafío fundamental a la identidad y los valores históricos de nuestro partido. La Unión Cívica Radical se ha caracterizado por su firmeza en la defensa de principios fundamentales, incluso cuando esto ha implicado enfrentar poderosos intereses. Desde su formación en 1891, ha sido un baluarte en la lucha contra el autoritarismo, el corporativismo, la corrupción y la injusticia, liderada por figuras como Leandro N. Alem e Hipólito Yrigoyen, quienes abogaron por una política íntegra, transparente y al servicio de las mayorías. Hoy, enfrentamos una situación que pone a prueba nuestra identidad. El ajuste a los jubilados promovido por el gobierno de Javier Milei y continuado por el veto al proyecto de ley, refleja un golpe directo a un valor fundamental en nuestra doctrina: la lucha por la equidad social. El rechazo de nuestra propia iniciativa por algunos legisladores plantea una contradicción directa con los principios que históricamente hemos defendido. En ese sentido, cabe preguntarse: ¿hasta qué punto podemos tolerar que existan dirigentes de la Unión Cívica Radical que no practiquen el radicalismo? Una respuesta clarificadora podría encontrarse en la frase de Moisés Lebensohn: “Hay muchos radicales que no son afiliados y muchos afiliados que no son radicales.” 

Escudados en la existencia del kirchnerismo, algunos pretenden ocultar su verdadera simpatía ideológica por un presidente que expresa valores completamente opuestos a los nuestros. Para Milei, el Estado no es funcional al desarrollo de una Nación, sino una “asociación ilícita” que se debe destruir. En ese esquema, la educación pública, innegablemente deteriorada en las últimas décadas, no es un activo para lograr el progreso social al igualar oportunidades, sino “centros de adoctrinamiento” que deben privatizarse; la política no es una herramienta para construir con los demás, sino un elemento para combatir la diferencia; la libertad no es el derecho a vivir acorde al proyecto de vida elegido, sino la posibilidad de elegir ser explotado o “morirse de hambre”; la democracia no es el mejor sistema para conciliar los deseos de las mayorías con la existencia de las minorías, sino un sistema erróneo, ajustado a la “teoría de imposibilidad de Arrow”; el Congreso no está para hacer de contrapeso republicano, sino que allí conviven “las ratas”. Según su visión, la “decadencia argentina arrancó con el primer populista, llamado Hipólito Yrigoyen”; y Raúl Alfonsín fue “el fracasado hiperinflacionario de Chascomús”. 

Si hablamos del proyecto concreto, alegar que había que acatar el veto para no comprometer el equilibrio fiscal no solo era absurdo porque, de haber sido así, nunca lo deberían haber votado, sino porque es falso que comprometiera la estabilidad fiscal. Como bien expresó la diputada Gabriela Brouwer de Koning, el ajuste a las jubilaciones se basaba en la inflación y los salarios, añadiendo un plus del 50% del aumento del salario real solo cuando este superaba la inflación, asegurando sostenibilidad. Además, el proyecto contaba con el respaldo de la Oficina de Presupuesto del Congreso y resultaba de un debate plural y participativo, garantizando su viabilidad y transparencia. El veto, en cambio, habilita litigios futuros que comprometen las arcas del Estado, o lo que quede de él.

Por eso, esto debe servirnos para recuperar la coherencia con nuestros valores y cumplir con nuestro mandato histórico de garantizar la libertad y la igualdad de los argentinos. En un contexto de crisis como el actual, con más del 50% de pobreza, una recesión galopante y una desigualdad que duele, cobra aún más vigencia lo que dice nuestra carta orgánica en su artículo 48: “La Unión Cívica Radical se extinguirá sólo cuando hayan desaparecido las causas que determinaron su existencia, se consideren las mismas logradas y no haya ningún ciudadano que quiera seguir sosteniendo su vigencia”.