Por parte de quienes intentan repensar las democracias para que sean ciertamente formas de gobierno participativas y en las que los ciudadanos se impliquen activamente -más allá de los procesos electorales- en las acciones políticas que los representantes llevan a cabo, se suele recurrir al concepto de sujeto político refiriéndose a un colectivo de ciudadanos unidos por intereses comunes y particulares. De esta forma, se sostendría que los distintos sujetos políticos presionan e inciden con sus acciones y negociaciones con los representantes políticos para que sus decisiones y acciones contemplen los intereses y necesidades del conglomerado de sujetos, cuyos propósitos son a menudo contrapuestos, y ejerzan así, como electos, de intermediarios entre la diversidad de intereses particulares -de cada colectivo- y el interés general.

Respecto de esta última versión de lo que debería ser una democracia se han desarrollado diversas teorías políticas que no dejan de evidenciar un déficit o dificultad inmensa a la hora de vertebrar una auténtica democracia -si es que eso es posible- En primer lugar el uso del término sujeto para referirse a un colectivo parte de unos implícitos muy discutibles: a,- que hay un grupo de ciudadanos con el mismo interés b,- que ese interés es homogéneo y compartido c,- que cada ciudadano se somete a los dictámenes del colectivo que es el sujeto reconocido, d,- que todo ciudadano posee la opción de sumarse a un colectivo que defienda sus intereses.

Brevemente podríamos decir que difícilmente puede haber un interés compartido de forma homogénea, sin que eso implique que el ciudadano se somete a los imperativos del colectivo. Un ejemplo claro de esto sería la imposibilidad de referirnos al colectivo feminista, por cuanto las discrepancias entre las diversas perspectivas de lo que constituye el feminismo son evidentes. Por mencionar una de las distancias casi insalvables entre los distintos feminismos es si debe estar vinculado al movimiento LGTBI, o si por el contrario estamos hablando de problemáticas distintas. Esta discrepancia ha propiciado en España, por ejemplo, no pocos enfrentamientos en relación con la conocida ley Trans que el gobierno actual ha aprobado.

Así, en esta línea argumentativa, me cuestiono el ninguneo al que el conjunto de ciudadanos que viven en la pobreza, en condiciones infrahumanas, está sometido. Primero, porque para erigirse según la perspectiva planteada en sujeto político se requiere de líderes del propio colectivo que posean los medios para aglutinar a los ciudadanos víctimas de la pobreza, situación inalcanzable para seres humanos que subsisten con prioridades inmediatas como es alimentarse y mantener o conseguir un techo. En segundo lugar, porque este sistema, en el que los sujetos políticos pujan por conquistar cierta hegemonía, es propio de las sociedades consideradas económicamente desarrolladas, y en las cuales lo último que conviene es que los pobres se organicen y puedan ser categorizados de sujetos político. Más aún, cuando las desigualdades aumentan vertiginosamente y las bolsas de pobreza, en estos supuestos países privilegiados, son en bastantes casos susceptibles de catalogarse de crisis humanitaria.

Lo expuesto es la expresión de una preocupación que se topa reiteradamente con la impotencia, la inutilidad del uso de la palabras como herramienta de cambio cuando cada grupo social cae de bruces en la trampa de empezar la casa por el tejado, y en lugar de agruparse como sujetos políticos que luchen, prioritariamente, por cambios estructurales a fin de mitigar al máximo las desigualdades e injusticias sociales y económicas, se dejan deshilvanar como antagónicos u opuestos para que, quien no sufra por su supervivencia, sea el modelo económico imperante. ¿No sería de justicia reclamar unas condiciones de vida dignas para todos, con el propósito de gozando de un nivel equiparable de libertad, los ciudadanos puedan discernir si aspiran a otros reconocimientos vertebrados mediante lo que se han denominado los sujetos políticos? [1]

La frustración reside en que ni la Filosofía es capaz de pensar las condiciones en que sería posible una sociedad democrática, ni la Política siente la urgencia de replantearse un cambio estructural. Entonces, a veces me pregunto, ¿vale la pena seguir hablando o deberíamos guardar silencio hasta que tengamos algo realmente disruptivo y posible que decir?