El artículo 38 de la constitución nacional es claro y en función, del mismo, y en tiempos de restricciones, un comunicado emitido por “instituciones fundamentales del sistema democrático” debiera ser tomado como tal y no soslayado por apreciaciones muchas veces sesgadas y facciosas, sea de fragmentos de partidos o de quiénes creen que la única realidad política-institucional es la que refiere exclusiva y excluyentemente al AMBA.

La provincia de Santa Cruz, las veces que no fue gobernada por el apellido del poder, tuvo serios problemas institucionales, desde la “desaparición política” de un ex gobernador, ante los fondos provinciales enviados al exterior, como los descalabros políticos, sociales, económicos y financieros que se vivieron bajo el último mandatario que no llevó el apellido patricio. 

Cómo sí fuese todo muy poco claro y presto a la confusión, que el comunicado pide y solicita mitigar, dos ex gobernadores de la provincia en, cuestión, estuvieron al frente de la entonces secretaria de inteligencia nacional, actual agencia, catalogada cómo recinto de los sótanos de la democracia. 

Tal vez sea casualidad, cómo la avanzada que del mismo lugar se inició para judicializar o pretender hacerlo, la libertad de expresión y el origen de las fuentes, y con tal entramado y en un giro cinematográfico, dar sustento de verosimilitud a los revanchista sueños de señalar al opositor como parte de un asociación ilícita, destinada, a conspirar contra esa patria de los patricios.

La respuesta fue temeraria y ante esto nadie o muy pocos brindaron su opinión. En un comunicado, ni oficial ni institucional, el espacio de “pensamiento, acción y trabajo para la inclusión latinoamericana” llamado instituto patria vertió los trillados conceptos de odio y desprecio, que frecuentemente usa para cuando, desde instituciones consagradas por la Constitución Nacional, se advierte de la gravedad institucional de ciertos hechos, manejos, prácticas y declamaciones en que trasuntan la vida política-pública. 

Los poderes políticos enquistados en el poder, mediante condicionamientos cómo leyes electorales favorables a los oficialismos o permitiendo reelecciones indefinidas, como las alabadas por el presidente de la Nación en la provincia de Formosa, en la persona del gobernador (en la poltrona desde 1995) son aspectos que claramente, algunos partidos políticos (lógicamente no lo que esto apoyan) pueden poner a la luz pública como situaciones de “gravedad institucional”. 

Sí a esto se le suma un crimen, de un sujeto perteneciente a las cuitas de ese poder, del que se hizo eco la justicia, en vida y obra (como también tuvo que intervenir en el PJ Nacional) el comunicado primigenio, que incordió a muchos, nos brindó a otros tantos ciudadanos, una clara composición de lugar.

Tal como en la antigua Roma, la nobleza política, de características dinásticas, establece un orden social, de los patricios, que desde el Senado y bajo la administración de ciertos territorios, determinaba qué formaba parte y que no de esa “Patria”. De aquel tiempo a la actualidad, sólo varió que ahora, al menos cuentan con el instituto, que no es un partido político, pero que oficia como tal.

Para lo que esto queremos cambiar, debemos contar con más patricios y patricias, pero no por el linaje, sino los que firmen documentos que adviertan de las gravedades institucionales, que no nos permiten ser un país normal, en democracia y libertad.

  Por Francisco Tomás González Cabañas.