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ANÁLISIS

28 de octubre de 2015

Sí de botín de guerra hablamos…

Tanto el gobernador, como sus funcionarios, declaman, sobre todo horas después de procesos electorales, que el estado no debe ser tomado como “botín de guerra”, diferenciándose de otros espacios políticos, que de acuerdo a ellos así han accionado, sin embargo tras 3 períodos de gobierno provincial, ante la inminente propuesta por parte de los legisladores oficiales provinciales de promover un defensor provincial del pueblo, designar dos ministros y un interventor a un ente provincial (por la participación de los hasta ahora funcionarios, exitosamente, en el proceso electoral) y elevar ante el posible gobierno nacional de Macri, al menos diez carpetas (Yacyretá como estandarte) de “correligionarios” es precisamente el gobernador y sus adláteres quiénes deben demostrar que sus acciones gubernamentales no están teñidas de ese concepto de que el estado provincial es un botín de guerra.

Como pocas veces, un lugar institucional al parecer se definiría por concurso público. Hablamos del proceso de selección de defensor provincial de Corrientes, de acuerdo a la ley 5888, que en breve concluiría con la nominación del ungido por una comisión legislativa bicameral, en donde el oficialismo provincial detenta mayoría (6 de Eco, sobre un total de 10) con ella, es decir la mayoría simple bastaría con imponer un nombre que luego deberá ser ratificado por los dos tercios del pleno de ambas cámaras. No son pocos, del conjunto de 32 que superaron un examen escrito, que ha sido objetado judicialmente por uno de los “bochados” destacando la falta de coherencia y cohesión textual de las preguntas, y que luego hicieron un test psico-laboral y finalmente expusieron ante la comisión, que están pública y abiertamente identificados con el frente provincial gobernante (son funcionarios, lo han sido o formaron parte de acuerdos políticos). No sólo que sería, al menos significativamente raro, desde la perspectiva ética que uno de este grupo resulta ungido, sino que además lesionaría tanto a la legislatura como la institución de la defensoría como a la persona ungida, sí algo así surge como dictamen de la bicameral. Más sí no se hacen públicos, tanto los exámenes, es decir no solo los puntajes, sino las preguntas y las respuestas de todo y cada uno de los candidatos, como las evaluaciones de las profesionales de la psicología como las conclusiones que se hicieron de la exposición de los candidatos. Demás está decir, que ante la comunicación pública de la selección del propuesto, debería estar plena y debidamente justificada y argumentada desde lo técnico.

 De lo contrario, se estaría ejerciendo aquello que se declama o denuncia como nocivo. Es decir, quiénes pegan el grito en el cielo, ante lo que denuncian que hacen otros, de tomar el estado como botín de guerra, en verdad lo están haciendo ellos mismos, con la lógica perversa de decir que aborrecen de ello y que no lo hacen.

Es más, sí como dijimos, de repartir se trata, el oficialismo tiene mucho que repartir, producto de sus éxitos electorales y posiblemente tenga mucho más, en el caso, cada vez más posible que el candidato presidencial que apoyaron, arribe al sillón de Rivadavia. No sería saludable, para la institucionalidad, bien democrático tan preciado y exacerbado por los radicales, que todo lo que puedan proponer, este viciado, por la nulidad ética, de que pertenezcan o simpaticen con sus actos, acciones o pensamientos políticos, haciendo uso y abuso de mayoría circunstanciales, usando supuestos mecanismos transparentes, como para “que no se note que es así”.

Se espera una verdadera elección democrática, en la propuesta del defensor del pueblo, que precisamente, como la finalidad del instituto persigue por imperio de la ley, tenga que ver con quién tenga experiencia  y sapiencia, intelectual, teórica y práctica en la promoción y defensa de los derechos humanos, que además de la carpeta con datos personales, al menos haya presentado un proyecto como para ver cómo defenderlos y enaltecerlos desde tal lugar.

El frente gobernante, tiene para despuntar el vicio político para designar ministros e interventores, como funcionarios de un gobierno nacional macrista.

Claro que quizá se le complique existencialmente o individualmente decidir, entre tantos amigos (recordemos que cuando uno tiene éxito las amistades florecen), candidatos a amigos o candidatas a cualquier cosa, parientes lejanos o cercanos, asadores de magnitud, cebadores de mate inigualables, dirigentes políticos o autoridades de partidos que aportaron en el siempre decisivo distrito de Estación Torrent, los 350 votos que maneja con firmeza más que feudal, Stalinista, los consultores o lobistas que con la frase conceptual y marketinera de “equipos técnicos” se la quieren llevar de cualquier lugar para pagar el Bonarda cosecha 1980 que degustan en restó de Madero, pero debe ser que está complicación, a nuestros popes les causa un placer único, colosal.

Deben tener en sus diferentes teléfonos o casillas de correo, un sinfín de mensajes, implorándoles lo que planteamos como título, esgrimiendo como argumentos desde una carrera universitaria plagada de cursos en diferentes claustros, hasta enfermedades terminales de familiares, recuerdos de lealtad hacia el pope desde la infancia hasta días recientes, planteos místicos, religiosos, azarosos y de toda índole y magnitud.

Tener en sus manos la vida de todos los solicitantes, debe ser espiritualmente gratificante para nuestros gobernantes, una suerte de alimento indispensable para adictos al poder, sentir que en  sus manos o lapiceras está la felicidad o ruina de familias enteras, esperanzadas en entrar en el círculo del funcionariado.

Sí esto no fuera así, tendríamos hombres de poder que esbocen en que radicarán los parámetros de sus predilecciones, sea en el compromiso con un sector económico (porque consideran acentuar la gestión en tal ámbito), en la retribución hacia el trabajo político desempeñado, en la apuesta a quiénes se hayan destacado en sus profesiones u oficios, en una mezcla de lo que expresamos o en cualquier otra razón que en todo su derecho pueda tener en su manga el ungido por la voluntad popular.

Simplemente se trata de esto, nadie pretende desconocer el derecho político, es decir de entrar o cuestionar las decisiones del votado, pero una cosa es que tenga sus decisiones en la manga y otra cosa es que nos tenga a todos bajo su manga.

Porque que no le diga a su pueblo, al menos referencias generales, o definiciones a grandes rasgos de cuáles serán los valores sociales o políticos que hará preponderar para elegir a sus colaboradores, queda muy a contramano de la cercandad con la gente, de ser transparentes, de cumplir la palabra, de incluir, de la valoración de la institucionalidad y todas las palabras y frases bonitas que usan cuando son candidatos y prometen tantas cosas, que en verdad, con muy poco, pueden salir más que airosos.

Insistimos, deberían probar con esta nueva forma, porque lo que les puede dar adrenalina o cierta satisfacción (lo que comentábamos de tener a muchos en sus manos), a la larga se transforma en algo engorroso, fatigoso, que para mal de males, luego de un cierto tiempo lo podrán padecer ellos mismos, o lo que es peor sus propios hijos, habiendo tenido la posibilidad de institucionalizar formas un poco menos perversas del manejo del poder de la que en un futuro no muy lejano, como expresamos, también podrán ser víctimas.

 

 

 

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