Interpelar a las autoridades constituidas y legitimadas por el voto popular, a que en un plazo perentorio de 30 días corridos puedan informar a la población el grado o nivel de funcionamiento que le adjudican al poder judicial estableciendo para ello las categorías de: buen funcionamiento, regular funcionamiento y mal funcionamiento.

Solicitar a las mismas que argumenten o profundicen la argumentación por haber brindado tal categorización al funcionamiento del poder judicial, entendiendo que éste busca una noción de justicia sintetizada en la máxima de Domicio Ulpiano de dar a cada quién lo que le corresponde.
 
Exigir a todos y cada uno de los miembros del poder judicial que puedan realizar el “giro democrático” renunciando para ello, a las prerrogativas o rémoras pre-republicanas que los posicionan en un sitial por encima del plano ciudadano, haciendo uso y abuso de privilegios insidiosos que percuden el tejido social. 

Recomendar en este mismo sentido, que en caso de no ser una respuesta de cuerpo, se constituyan en acciones individuales por parte de integrantes del poder judicial que entiendan y comprendan que la democracia también llegó a tal poder instituido. Para ello se podrán acoger al retiro o la jubilación en la edad indicada, pagar las tasas, impuestos y contribuciones sin excepcionalidad y por sobre todo ajustar sus haberes en relación a la cantidad de casos específicos y concretos que tratan, resuelven o sobre los que dictaminan.

Plantear un desarrollo de un marco teórico de la noción de justicia, tanto en sus límites o fronteras con otros conceptos lindantes como venganza y resarcimiento, e indagar a ultranza a los efectos de sí finalmente la justicia cómo poder constituído puede, y en tal caso, debe, permanecer, independiente o sin el influjo de los otros poderes o incluso de las mayorías que se constituyen circunstancialmente y sin traducción la representación clásica. 

Recomendar en la actual dinámica del poder judicial, los institutos de: revocatoria popular de magistrados (previa demostración de mal ejercicio) otorgamiento final (luego de los procesos de preselección) de las magistraturas por intermediación del azar o sorteo y plebiscito no vinculante ciudadano para determinar cada cierto tiempo (dos o cuatro años) el funcionamiento integral del judicial como poder del estado al servicio de la población en arreglo o acuerdo a una noción de justicia puesta en práctica en los términos de un aquí y ahora dados.  

A lo largo y a lo ancho de Occidente, desde que el principio de inocencia, se sostiene, casi caprichosa y capciosamente, para el funcionariado político que accede a tal condición por lo electoral, nos despertamos con las noticias acerca de denuncias, de idas y marchas, judiciales sobre tal o cual presidente, legislador, gobernador, intendente, concejal o cualquier tipo de figura política, que asumiendo un rol en el manejo de la cosa pública, se aprovechó, abusando y vejando, la legitimidad de la representación, que siempre y por definición es crítica, para lograr una ventaja personal, que casi siempre se corresponde con una acumulación de bienes materiales o el provecho puntual y específico para obtener un goce que puede ser espiritual pero obtenido mediante la vulneración a la confianza pública que se le ha depositado, para que sea fiel a finalidades colectivas y no facciosas o personales.

Arrecian tanto en las redacciones de medios de comunicación, tradicionales como en redes sociales, los datos, más o menos cercanos con una verdad, siempre a probar, y que nunca alcanzará en tiempo y forma a dictaminar justicia, tanto sobre el acusado, como para el colectivo afectado; sus representantes. En el mejor de los casos, las fuerzas políticas, que se turnan por cabalgar o comandar estas denuncias de “hechos de corrupción” como lo llaman o sindican, inocente o cómplicemente, redactan algún que otro proyecto, para que en caso de ser probado el acto de corrupción los bienes sustraídos, vuelvan al erario público.
Como si fuese un capricho del destino, y por más que nos obstinemos a no creer en clases, se esfuerzan para que las pensemos como tales. La radical importancia de lo sustraído no es el bien, por más que este se valúe en cientos de millones. Lo que se roba un político habiendo accedido por voto popular a su función es cierta confianza pública, horadando, percudiendo, con su malandrismo, al sistema democrático mismo, de allí que establezcamos la tipificación de este delito como democraticidio.
Queda al margen la discusión sí el hombre de estado, tiene que predicar con el ejemplo, y hacer de su vida un testimonio, por intermedio de sus acciones, y por tanto, gran parte de su vida privada, es precedente de su comportamiento público. Queda afuera también la aporía sí el poder corrompe (una persona honesta, se convierte en lo contrario al acceder) o sí el poder devela (alguien que se queda con 10 centavos de un vuelto mal otorgado, es un corrupto en potencia con intenciones de desfalcar al estado). Nos ajustamos a la realidad, todo puede ser, hasta que en el ámbito público, no se desate un escándalo, no importa sí el que accedió es pederasta o criminal, sí fuera de modo contrario, al menos se debería hacer un test de personalidad a los funcionarios. Lo gravoso de este derrotero, es que no es únicamente, lo lesivo, la producción del escándalo, sino lo que se genera luego o para decirlo más claramente, lo que se viene generando, con la sucesión de escándalos de nuestros políticos, a lo largo y ancho de Occidente, habiendo birlado la confianza pública, vejándola, para obtener pingües posicionamientos sectoriales, beneficios espirituales o materiales.
¿No cree acaso usted que el descreimiento hacia lo democrático está vinculado directamente con los actos de corrupción, que se transmitieron en vivo en los diferentes medios de comunicación, casi desde el momento mismo de producido, o desde la denuncia, hasta el estado de no justicia, de no cierre, o de sospecha permanente que casi siempre quedó en el éter, cuando un político fue juzgado?

¿Y quiénes o cómo se eligen a los magistrados? Antes de la forma republicana, el poder incuestionable del rey, que dimanaba de autoridades incluso celestiales o superiores no permitía duda alguna de designar o emplazar a los magistrados. Allí nace la figura del "defensor del pueblo" tan inúltil por simplemente hacer una copia de tal institución en naciones sin haber tenido experiencias monárquicas. 

Debiera constituirse la figura del defensor ante la magistratura que tuviera como principio que de esa "familia judicial" o la constitución de la misma, no tenga familiaridad o vínculo con hombres y mujeres actuantes en la política o que hayan tenido experiencias en los poderes legislativo o representativo. Ninguna hija de alguien que haya sido, legislador y que alcance el cargo de juez, podría contar con una legitimidad democrática o republicana que accedió a tal lugar por otra cosa que no sea por las artes de su padre, o que tenga, incluso muerto o extinto este, una carta o manuscrito que así lo detalle y que se pueda dar a conocer a la opinión pública en un momento dado, por citar un ejemplo.  

Quien invoca algo que rompe el estado de normalidad, debe probarlo («affirmanti incumbit probatio»: ‘a quien afirma, incumbe la prueba’). Básicamente, lo que se quiere decir con este aforismo es que la carga o el trabajo de probar un enunciado debe recaer en aquel que rompe el estado de normalidad (el que afirma poseer una nueva verdad sobre un tema).En la academia, el onus probandi significa que quien realiza una afirmación, tanto positiva («Existen los extraterrestres») como negativa («No existen los extraterrestres»), posee la responsabilidad de probar lo dicho. Entre los métodos para probar un negativo, se encuentran la regla de inferencia lógica modus tollendo tollens («que es la base de la falsación en el método científico») y la reducción al absurdo.
¿Acaso, por más que sea lamentablemente, no es normal es decir lo probado, lo sospechado, lo que se cree (¿no es esto el verdadero sentido de lo justo, lo que se cree?) en relación a que un político nos roba o se aprovecha para su beneficio de su condición de tal y lo anormal, que se maneje honestamente y no se aproveche, lo anormal y lo que debería ser probado?.
Como pudimos comprobar, el mismo principio de Onus probandi, es el que podría sostener también la modificación que sostenemos. Lo que se ha modificado es la circunstancia de la política que pasó de ser un concepto para gobernarnos a un modo de sobrevivir.
Todos y esto sí es universal, somos responsables, de hacia dónde estamos dirigiendo al mundo, por tanto nunca señalamos lecturas clasistas, el político, que puede ser cualquiera de nosotros, arriba a su condición de tal, no por su expectativa de conducción colectiva, de su vocación por el bien superior, o su aspiración al bronce de la historia o su poder de abstracción. El político quiere acceder a una posición de tal, para primero cambiar su realidad personal. Sí esto no lo terminamos de asumir, terminaremos con la democracia y caeremos en el escalón más bajo de una lucha de todos contra todos, en los reinados y reductos de la violencia como última o primera razón.

Los viejos juicios de residencia se hacían en obediencia a la Corona. Lo que hemos modificado es el soberano, quién en la actualidad es el pueblo (¿lo es?), a lo que tenemos que volver, es a establecer esta institución de justicia, antes que el democraticidio que sigamos cometiendo nos sitúe en una posición de la que no podamos regresar, civilizadamente. 

Toda autoridad que termina de imponer su cargo debe ser sometida a un juicio de residencia, es decir, las autoridades no se pueden mover de su lugar físico mientras dure una investigación en relación del desempeño. Este juicio es sumario y público. Terminado el juicio, si era positivo, la autoridad podía ascender en el cargo; en cambio, si había cometido cargos, errores o ilegalidades, podía ser sancionado con una multa o la prohibición de por vida de un cargo.

Bajo esta deformación histórica, nace una acción ciudadana, que primeramente se la dio en  llamar “escrache” (que no casualmente tiene sus inicios en sistemas totalitarios que se imponían de facto y por ende profundizando la violencia y la acción violenta al extremo y al exterminio) y que amenaza a convertirse en la actualidad en la justicia pronta, inmediata, de hecho o mediática o mediatizada.

“La justicia es el gobierno del pueblo, el cual es la individualidad presente a sí de la esencia universal y la voluntad propia y autoconsciente de todos. Pero la justicia que le devuelve el equilibrio a lo que universal que sobrepuja al individuo singular es, en la misma medida, el espíritu simple de aquel que ha padecido la injusticia-no se descompone en el que ha padecido  y en alguna esencia que esté  más allá; aquél es, él mismo, el orden subterráneo, y es su Erinia la que urde la venganza; pues su individualidad, su sangre, sigue viviendo en la casa; su sustancia tiene una realidad efectiva duradera. La injusticia que pueda hacérsela al individuo singular en el reino de la eticidad es solamente esto; que a él le ocurra pura y simplemente algo”. (Hegel, G. “Fenomenología del espíritu”. Pág. 299. Editorial Gredos. Madrid.2010).

Es decir, pasamos de temer a una ley, que no se cumple, que no se aplica, o que en nombre de ella, se edifica un servicio que no funciona o funciona mal, al pavor, que nos produce, la reacción que pueden tener los otros, sea cual fuere la misma.
Todos tendríamos el mismo derecho a acudir a nuestra memoria arquetípica, a nuestra necesidad de “venganza” o de que al victimario le ocurra algo, en tanto y en cuanto, el servicio de justicia, siga funcionando, tal como lo hace, diciendo y declamando que actúa, pero escondiéndose en los pliegues de esa funcionalidad, solo normativa, performativa o en papeles, en concepto esgrimido en papel.

Regresamos a la cita de Hegel, cuando determinadamente expresa que la justicia es el gobierno del pueblo, allí es en donde la política debe actuar, explícita y profusamente. La falsa independencia, que se le hubo de arrancar, a Montesquieu en una de sus vaguedades teóricas, debe ser puesta en cuestión. Debemos ajusticiar el concepto de que lo justo, puede ser patrimonio, de seres angelados, de semidioses griegos, los jueces, que, bajo la discreción, fallan, sin tener reparos, siquiera en esa supuesta ley que los ordena.

Definir lo justo, es la cuestión central y sideral, en que el poder político, debe concentrarse para que el pueblo, pueda tener una experiencia semejante, o cercana, a tener que ver, con que plantee sus intereses reales, y no dejar que les sigan engañando, bajo la mentira perversa de lo representativo.

El pueblo, la ciudadanía, cuando pretenda, hacerse con el poder, debe ir por definir el sentido de lo justo o de la justicia, antes que elegir diputados o gobernantes, el votante, sea a través del voto o como fuese, debe elegir su forma (con jueces o de otra manera) de cómo, los intereses y las prioridades, se definen en relación al colectivo del que es parte, al contrato que lo tiene sujeto y que en letra chica y diminuta, siempre suscribe la palabra última, en donde se establece, finalmente, quiénes o quién, determinara lo que corresponde o no, y en este último caso, las penalidades que le corresponderían a los infractores o victimarios, como sustrato de lo político o de la máxima expresión del poder.

Moción de pre-manifiesto para ser tratado por los "dipufilosofers" en la próxima sesión del "Parlamento filosófico" por Francisco Tomás González Cabañas en representación de Club Mundial de Filosofía.