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ANÁLISIS

1 de septiembre de 2016

"Estado de indefensión política de la ciudadanía Correntina".

Tras la presentación formal, por parte del gobernador de la Provincia de Corrientes, de su proyecto de reforma constitucional, y ante la primera y pública, reacción por parte del principal partido opositor, de ralentizar una decisión o postura, y transferir, la representatividad, de origen representativo, paradigmáticamente, el poder soberano, a un congreso partidario, en tiempos en donde los partidos son cáscaras vacías de la nada de la representación, alertamos el estar al borde un estado asambleario, en donde y tal como lo indica nuestra actual constitución, seremos los ciudadanos quiénes tengamos que salir a defender en los espacios públicos, nuestra democracia cotidiana. Apelamos a las autoridades nacionales al cese de este manifiesto cese de nuestras garantías políticas, como así también a las autoridades provinciales a que convoquen a un diálogo ciudadano, reservándonos el derecho de realizar los planteos en los organismos internacionales, como el Parlamento Europeo, la Corte Interamericana de los derechos humanos (CIDH) y reserva de solicitud de carta democrática ante el Mercosur, Parlatino y envío de situación al Departamento de Estado de EE.UU.

“La indefensión es un concepto jurídico indeterminado referido a aquella situación procesal en la que la parte se ve limitada o despojada por el órgano jurisdiccional de los medios de defensa que le corresponden en el desarrollo del proceso. Las consecuencias de la indefensión pueden suponer la imposibilidad de hacer valer un derecho o la alteración injustificada de la igualdad de medios entre las partes, otorgando a una de ellas ventajas procesales arbitrarias” (Definición otorgada por Wikipedia). La indefensión política, es una construcción conceptual, o un neologismo, al que tenemos que acudir para describir la situación en la que los ciudadanos de la Provincia Argentina de Corrientes, nos vemos sometidos a padecer por parte de nuestra clase política reinante.

Sí bien es potestad absoluta el poder presentar por parte de los señores legisladores, como del ejecutivo, proyectos ante la legislatura local, para ser tratados y analizados de acuerdo a su andamiaje, perfectamente determinado por el ordenamiento jurídico, no es menos cierto, que todos los hombres que arribaron a situaciones de representación, circunstancial, lo hicieron no solamente por intermedio de partidos políticos, sino también, por plataformas o proyectos que estos debieron haber puesto de manifiesto, públicamente, en el tiempo electoral, como sus formas y maneras de financiamiento. Dejando de lado esto último, un aspecto nodal en el gobierno nacional actual y dando por sentado, que todos y cada uno de los partidos políticos de la Provincia de Corrientes, financiaron, ajustados a derecho y realidad  (es decir el gasto efectivo en las campañas y lo expresado en los papeles oficiales) sus respectivos senderos proselitistas, tenemos, como verdad inobjetable, que un tema crucial, como el de una reforma constitucional, no estuvo, si se la busca, tampoco estará, en ninguna plataforma de campaña, proyecto o planteo ante la ciudadanía.

Mal que le pueda pesar al actual Gobernador, quién seguramente tendrá la grandeza de entender que esto no es una cuestión ni contra él ni contra su investidura, sino a favor de la institucionalidad y la democracia, el hecho de que su fuerza política, presente un proyecto de reforma constitucional, constituye una clara defraudación a la ciudadanía que transfirió su poder para que se los represente en el ejecutivo como en el legislativo provincial y en ningún caso, se le anotició previamente (es decir en el tiempo que correspondiere, el de la campaña electoral) que esta cuestión de envergadura, sería planteada, usufructuando, en forma aviesa y mal intencionada, el poder cedido por el soberano.

La oposición, o el principal partido opositor, que como todas las fuerzas políticas, tiene viciado de origen la representatividad de lo partidario, constituye en gravosa su reacción, dado que deja en estado de abandono a la ciudadanía, entrando en una especie de juego perverso de poder, con el oficialismo, cuando, en un manifiesto suicidio político y ultimación democrática, plantea que el grupo de legisladores bajo tal signo político (como si fuese poco, el que a nivel nacional, tras la derrota electoral, está en la actualidad más en crisis en cuanto a su identidad, ideológica como estratégica y táctica) tomara una posición en un congreso partidario que será convocado a tal efecto dentro de unas semanas.

Este llamado al contubernio, a la camándula, a los arreglos oscuros y trasnochados, es música para los oídos del oficialismo, quién sabe, que redireccionando recursos públicos, para algún senador o diputado que se precie de peronista, contara más temprano que tarde, con la reforma constitucional que como dijimos nunca estuvo en los planteos, proyectos, plataformas ni ejes de campaña. Dentro de este desconcierto opositor, aquellos que por una posición casi futbolística u olímpica, de tener desde hace tiempo un candidato a gobernador, para el próximo turno sea por cuatro años, o dos como lo propone esta reforma ente otras cosas, se opondrán “in límine”, argumentan, pésimamente, que el tema no “está en la agenda de la gente”. Ellos, porque lo dicen en su calidad de representantes, ya representan a la ciudadanía, no necesitan ni a las encuestas, ni recorrer barrios, ni contactarse a diario con la gente, ni mucho menos sobretutelarna como hacen en este y otros tantos casos (es decir que es lo que piensa o siente esa “gente”) lo que tendrían que hacer, es como hombres públicos, instar a que se cumpla la ley, como lo expresamos, denunciar a los oficialistas, por defraudación a la ciudadanía, porque esta reforma no estuvo planteada, como debió haber estado, cuando los que hoy están en el gobierno eran candidatos. Pero no lo harán, no sólo porque, en algún caso, o en todos, son de la misma condición que los oficialistas, sino que tienen a su cuerpo de asesores, como material ocioso, edecanes y chambelanes que para lo único que están es para generarles un micro clima en donde se empachan de vanos y redundantes falsos elogios.

La carestía argumental, es abrumadora también en el proyecto del gobernador. Mal le hace a su calidad de jurista y de hombre de estado, el haber presentado las tristes líneas que hacen mención metafórica, a Robinson Crusoe para describir una cuestión política de relevancia, como si se tratase del último de los programas de radio de chismes de la politiquería, o citar a un centro de estudios, con el que además se firmó un convenio,  que fue apuntado por recibir fondos por parte de la Embajada de Gran Bretaña en la Argentina, en una provincia Malvinera como la nuestra, y de la cual, arribaron funcionarios del actual gobierno nacional, lo que la transforma en una institución netamente parcial y con claros intereses de otras naciones dentro de la “cocina política” de nuestro país.  

Pero lo caro que le puede salir, no ya al gobernador, sino a la provincia toda, este desaguisado de la reforma constitucional, es que caigamos en un estado asambleario, en la ruptura o disrupción de la paz social, en caso de que se continúe alejando a la ciudadanía de la discusión acerca de esta cuestión en concreto, intentando, en una falacia de las formas, que todo transcurra, entre gallos y medianoche, en el recinto de una legislatura que para ese entonces, puede estar vaciada de legitimidad y contra-restada en los espacios públicos.

Solicitamos a todos y cada uno de los medios que tengan en mano este documento que lo reproduzcan, aún estamos a tiempo de seguir en las formas y mantener la calma, de todos y cada uno de los actores sociales depende, abrimos un breve compás de espera, antes de actuar con los respectivos organismos internacionales up supra mencionados.

 

 Las libertades políticas y en concreto, la libertad de expresión política pueden resultar contraproducentes sí, realmente, incluyen el derecho a la expresión subversiva, es decir, el derecho a la resistencia y a la revolución, el derecho a la desobediencia civil. Este es un tema que siempre ha puesto en difícil aprieto a todos los teóricos de los gobiernos representativos y legítimos.

 

"El derecho de sedición debe ser respetado, salvo en el caso de peligro claro y presente, el cuál obligaría a restringir las libertades políticas" Rawls.

                                                              Centro Estudios Políticos “Desiderio Sosa”. Corrientes. Argentina

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