La asociación de trabajadores del estado (Ate), mediante el accionar del área, departamento, espacio o como solidariamente se quiera denominar “Comunicación Corrientes” (cuyos envíos provienen de una cuenta de correo electrónico [email protected]) incumple, palmariamente el artículo 4 de su estatuto que taxativamente dispone: “La Asociación Trabajadores del Estado respeta toda idea política o filosófica, creencia religiosa, no permitiéndose la discriminación racial, aceptándose por igual en el afiliado la libertad de sus ideas y/o creencias” dado que desde hace meses, se propalan artículos políticos, literarios, desideratas, manifiestos, editoriales, columnas de opinión, firmadas por el mismo sujeto (cuya exquisitez como hilaridad narrativa, se destacan en un campo desierto de talentos que pongan en papel la valía de sus consideraciones, que sin embargo no están en juego ni en cuestión, ni en sus logradas musicalidades de forma ni en sus discutibles posiciones políticas, que al final del día siempre terminan convalidando o brindando gratuita legitimidad a lo que se dice enfrentar u oponer) entronizándolo en los medios de comunicación que poseen verdadera como condicionada relación con Ate, para que tales escritos se publiquen, se difundan, se viralicen, merced y producto del esfuerzo de todos y cada uno de los afiliados de una asociación de trabajadores, que ipso facto, está siendo tutelada, imbricada, por cada giro literario, por cada vocablo, afrancesadamente dispuesto por el escriba, promocionado, avalado, sponsoreado por una institución que se dice representar los derechos de los trabajadores, pero que en este caso, actúa conforme a la lógica empresarial, más furibundamente individualista, clasista y empapada en los principios más salvajes de la dinámica diabólica dimanada del neoliberalismo.

Dando por sentado que lo moderno es bueno en sí mismo, dado que conlleva la esperanza que todo lo que está porvenir será mejor que lo atravesado, el partido político de las hormigas, con una base en los principios del liberalismo más teórico que la praxis que trazaron muchos en nombre de liberalismos muchas veces salvajes como de rasgos totalitarios, se constituyó en la expresión política provincial actual de mayor cantidad de votos obtenidos como tercera (detrás de las partidos nacionales radical y justicialista) a nivel general.

Todo aquel que ha ocupado un espacio de poder, pretendió conservarlo, lo conserva o hará lo imposible para atesorarlo, “ad infinitum”, pese a que jamás lo reconozca de la verba para afuera (no es necesario, tan solo alcanza para contar reelecciones, giros en las esferas del poder, alternar con otros cargos, o transferirlos a familiares o amigos) no dé cuenta de esta adicción o la viva con culpa oculta y ponga al servicio de relatos varios, configuraciones conceptuales y semánticas, para enmascarar lo obvio, al poder no se lo puede entender sin esa condición de que al ser inasible, inabordable, siempre es circunstancial y por ello, quién no lo tiene lo pretende, y quién lo posee, de la única manera que concibe para no perderlo es acumularlo o no renunciar nunca al mismo, por más que en algún giro del destino este finalmente se desplante con otros planes y abandone, a quién uso para demostrarle su indomabilidad siniestra.

Tal como lo venimos sustentando, casi en grado de tesina, no existe manera alguna de seguir sosteniendo la legitimidad de las democracias occidentales actuales, sin que el poder judicial, como hápax, como axioma, prevalezca, en su condición subyacente y por ende poco visible, por sobre los otros poderes del estado, articulándolos de forma tal, que las posibilidades de primera o última instancia se correspondan, con la facilitación de este poder preponderante, sea para habilitar actores políticos principales (validar reelecciones, o avalar o suprimir plebiscitos según corresponda al interés del poderoso de turno) como para procesarlos o encarcelarlos en caso de que hayan perdido ese poder, que jamás se le escurrirá de las manos, al judicial, dada sus prerrogativas imperiales que ostenta conceptual como formalmente y que impávida, la sociedad, la ciudadanía toda, atónita como en harta demostración de genuflexión, aprueba mansamente al candor de un compartir o de un me gusta de alguna que otra red social en donde deja discurrir su vida como su nulo accionar público.

De un tiempo a esta parte, las democracias occidentales, reaccionan ante la gravedad de sus males, mediante el menos democrático de sus poderes, como menos público y publicitado, el poder judicial, por intermedio de la supuesta cura, que la convierten en una suerte de bálsamo milagroso, como lo es el procesamiento, el diligenciamiento y el inicio de la penalización ante posibles y plausibles hechos de corrupción perpetrados por otrora hombres en la cúspide del manejo de la cosa pública. Esta radicalización, sacralización de lo metodológico, mediante la acción punitiva o sancionatoria hacia quiénes pudiese haber desfalcado al estado para beneficio propio, repetidas autómata como maquinalmente, por medios de comunicación, no sólo que banalizan el mal mismo, a decir de Arendt, sino que construyen un ideario social, en donde lo único que importa son los sujetos, es decir los nombres y apellidos de los punibles, más no así las acciones que puedan o debieran haber llevado ante el manejo de lo público. Para traducirlo en una frase, a expensas de perder concisión conceptual: desde lo normativo, hasta la consideración social, construimos edificios enteros de regulaciones que apuntan a buscar sí alguien compró tal bien u objeto, que se condice o no con su nivel adquisitivo (y cuando lo sospechamos y no lo encontramos, vamos como manada, a buscar sus testaferros, sus maniobras, en donde tiene tal suposición enterrada o aquerenciada en qué paraíso fiscal) dejando escapar lo más importante, la acción pública mediante la cual pudo haberse no sólo enriquecido, sino también, cometido el fraude intelectual de haberse comportado equívoca y erróneamente, dando lugar a lo que es catalogado para otras profesiones cómo mala praxis, en este caso política.

En una nueva propuesta de “Desiderio Sosa”, en la oportunidad se “reconvierte el código provincial de ética (ley 5911), definiendo los mecanismos de acceso a la información, como de participación ciudadana y se establece la armonización con los tiempos actuales, al crear un portal de la transparencia en donde el estado estará obligado a llevar un pormenorizado ejercicio de su día a día (desde proyectos, agendas de funcionarios, pasando por entrega de subsidios, becas, llamados a concursos y licitaciones, etc). A Nivel de legislación comparada, se instruyó en referencia al organismo existente en la comunidad autónoma de Murcia del reino de España” expresaron desde del centro de estudios, habilitando el acceso completo del extenso proyecto y sus fundamentos.

Tal como en Colombia, fundada por el filósofo Giovanni Algarra Garzón, se precisa, con urgencia democrática, la constitución de un espacio, que cuento o no con el arropamiento de la funcionalidad estatal, tenga como objeto aumentar la calidad diaria y cotidiana de nuestras democracias actuales, poniendo el acento en programas, talleres, propuestas y proyectos que consoliden los espacios públicos, que galvanicen y acrecienten la noción de ciudadana que implica responsabilidad social para luego el ejercicio pleno de derechos en un colectivo en armonía, consensual, en donde las decisiones políticas, siempre vayan apoyadas en la expresividad que se puedan nuclear de todas y cada una de las acciones que propendan al bien común. (Por Centro de Estudios Desiderio Sosa).

Los otros días haciendo zapping televisivo me tope sin querer, o tal vez por cuestiones del destino o del azar, dependiendo con que óptica metafísica se mire, con los premios Latin Grammy en la Ciudad de Las Vegas, lo que pasa en Las Vegas queda en Las Vegas dicen los americanos, como si fuera una ciudad franca en todos los sentidos del vicio humano, como el banquete de Platón pero del siglo veintiuno y con culpa.

Las elecciones presidenciales que tendrán un ejército de observadores internacionales para legitimar el proceso, contarán con la peculiaridad que el actual primer mandatario (Hernández) podrá ir por su reelección, gracias al poder judicial de su país (al que obviamente se encargó de modificar o conformar) que, manifestación leguleya más o menos, pulverizó la disposición constitucional que impedía la reelección. Ocho años atrás, otro Presidente (Zelaya) hubo de ser destituido por pretender la misma reelección, a la que, a la luz de los resultados, busco en aquel entonces por la vía incorrecta; pretendió un plebiscito habilitante (algo que llevó a cabo Morales en Bolivia y de lo que se está arrepintiendo tras sus resultados) en vez de ir por la senda adecuada; fallo judicial y cobertura mediática-comunicacional. Desde los sectores que pretenden institucionalidad democrática en Honduras, se acuño la expresión de “Democracia imperial” sucede que sienten y padecen, que además de tantos vejámenes, serán víctimas también del europeísmo que los colocara este domingo de elección, como el cobayo de laboratorio, pasible de experimentos de politólogos que ven democracia en lo electoral, que observan división de poderes al encontrar siempre un legislativo que adscribe, con vicio ratificatorio, cualquier empresa que dimane de lo híper-ejecutivos y como siempre, olvidan, en el sentido heideggeriano, que lo radicalmente importante y decisorio, orbita en el judicial. Tal como lo describiera Foucault en sus conferencias, traducidas a libro “La verdad y las formas jurídicas”, el poder judicial nace y se entrona como la mano militari del emperador, del gobernante, que luego devino en ejecutivo y que revolución francesa mediante, se apelmazó, se travistió en un supuesto poder transparente, democrático e institucional, cuando en verdad representa la faceta más caramente oprobiosa del poder entendido como un ejercicio violento y radicalmente autoritario.

En todas las esferas gubernamentales, de todos los niveles, se cuecen las habas, de quiénes formarán parte del gobierno de este o de aquel, como lo sostuvimos en notas anteriores, los niveles de “desesperación individual” por formar parte o continuar dentro de un colectivo que les asegure o garantice la poltrona de continuar o sentarse dentro del mismo, podrían dar innumerables libretos para cientos de culebrones centroamericanos, sin embargo, la ausencia de lógica/legitimidad/racionalidad/institucionalidad, que aplican (sin comunicar además, ni tener la intención de hacerlo) los tenedores del poder, para designar a sus colaboradores, y su plena aceptación de hecho, debe ser analizada, imprescindiblemente, bajo una óptica filosófica. Acudimos a Wittgenstein.