El mascarón de proa, la máscara de Fernando VII, es mediante un proyecto copiado a la provincia de San Luis, que estableció el año pasado la medida (de 1113 pruebas, sólo 4 dieron positivas, que además pueden tener una contraprueba, cómo para aquellos que crean aún en la operatividad del dislate) y que tiene más impacto en un sector muy ruidoso de los medios tradicionales, pero que en definitiva se constituye más como una suerte de chisme de peluquería, para dejar la inquina, la sospecha sobre el comportamiento de algunos, que con responsabilidades públicas, deben dar cuenta de que en definitiva “orinan agua bendita” en un contexto de un país como el nuestro, dónde los problemas prioritarios son tantos otros y más complejos, que sí un representante, gobernante o juez, se fumó un charuto alguna vez o se dio un raquetazo. Esto no quiere decir que estemos en desacuerdo con el planteo. Lo que queremos dejar al descubierto, es esta maniobra dolosa, de mala fe, de las peores artes de la política más baja, de querer tomar a la comunidad por estúpida.

O quiénes están detrás son demasiado brutos y hasta aquí lo disimularon bastante bien, o siguen afanosamente, creyendo que sus asuntos privados (que no son más que sus intereses) son los únicos que deben tratar y resolver los poderes del estado, del que forman parte.

Sí realmente estuviesen preocupados por el condicionamiento de ciertas adicciones en la humanidad de los hombres de estado, debieran haber ingresado (o por sus respectivos asesores) al buscador la palabra adicción (que agarren un libro sería demasiado) para dar cuenta que la misma es considerada una enfermedad, un trastorno general de la psiquis, y que puede desarrollarse ante sustancias o comportamientos. Es decir una personalidad adictiva o con disposición a, puede ser adicta al juego, al trabajo, al tabaco, o al sexo entre tantas cosas o comportamientos.

Es una soberana tontería, o un agravio travestido, que un proyecto de ley, pretenda velar por el interés ciudadano, para determinar cuánto puede afectar que un funcionario tome decisiones, ante la sospecha que puede consumir sustancias, probar que las mismas deterioran su poder cognitivo en el momento de tales decisiones, como así además luego, no pasaran por otros contralores y observaciones que guarda el circuito de lo institucional en todos los poderes del estado.

Por eso mismo, hacemos pública esta solicitud, para creer que no se trata ni de un dislate ni de un escarnio.

Sería importante, para los autores de la iniciativa, que agreguen un control psicológico para determinar la posible adicción al sexo o hipersexualidad. Considerada por la clínica médica, como responsable de bajo rendimiento laboral, por las mismas razones que se busca pesquisar a los adictos a sustancias nocivas, debiera incorporarse esta adicción, dado que en situaciones de poder, los sujetos que circunstancialmente lo detentan, en caso de ser adictos al sexo, pueden condicionar los múltiples vínculos que deben tener en sus labores, para obtener un rédito sexual, a cambio de una mayor eficacia en lo que desarrollen o en el punto final de sus decisiones. A diferencia de los adictos a sustancias, dónde determinar el daño de una decisión tomada en tal estado, es una cuestión abstracta y casi imposible de señalar, el daño que un adicto al sexo, con poder ocasional, genera a sus víctimas es tan grave como posiblemente incriminatorio en delitos tipificados, pero que, como sabemos, cuestan, aún, primero asimilar, para luego denunciar y que finalmente se comprueben y penalicen.

Vergüenza ajena, debiera dar, seguir machacando sobre insustancialidades, mal planteadas además, que esconden un revanchismo que proviene desde lo más íntimo e individual, y bajo tamaña cobardía, se pervierte la función para lo que fueron votados y en virtud de ello, pretenden usar un poder del estado, no sólo para sus fines materiales sino que también para sus humores o estados de ánimo.

Por Centro Desiderio Sosa.