La magistrada sostiene, su venal pretensión, en la instalación de una placa "Centro Desiderio Sosa" que se encuentra en el inmueble, desconociendo o aprovechando la desaparición física de su padre, para birlar no sólo este acto de justicia de su propio padre, sino y lo que es tan igual de grave, que la misma se instaló aún en vida de su padre y que no fue desinstalada, luego de su muerte, para evitar la intrusión del inmueble ante su estado de abandono o de mantenimiento mínimo hasta que se resuelva su partición. 

Sí bien, podría tratarse de una situación personal, lo cierto es que el accionar de una funcionaria pública, jerarquizada, demuestra su estatura moral y podrían demostrar su obcecada y cuando no, temerario, ejercicio abusivo de posición dominante para obtener un rédito que no le corresponde.  

Tal como se puede constatar en cualquier buscador de la web "El centro de estudios Desiderio Sosa" en el año 2022 realizó una diplomatura de filosofía política en un campus virtual, donde dictaron cátedra 15 filósofos de distintas partes del mundo. Las clases iniciaron en septiembre de 2022, organizándose la diplomatura a partir de Marzo de 2022, y difundiendo y promocionando el mismo desde junio del mismo año. En Julio, se resuelve, instalar la placa en el frente del inmueble de Plácido Martínez 1284, dado que Francisco González Cabañas es parte del mismo, siendo Jorge de la Torre Lopez, filósofo mexicano, su presidente. En tal momento, aún vivía Tomás Walther González Cabañas (fallecería el 5 de agosto de 2022) quién desde que su hija María Josefina González Cabañas Morales ingresó como jueza del foro local, y para lo cuál entendía el occiso que había "realizado acciones fundamentales" para ello, debía equiparar para con su hijo Francisco, el darle al menos, no un trabajo, sino un asiento laboral, con la consabida obviedad que su hija jueza, entre otras posiciones de privilegio, en su calidad de magistrada, tendría una oficina pública, pagada por los contribuyentes. 

En pleno proceso de la diplomatura, fallece Tomás Walther González Cabañas, con la placa ya instalada, y el inmueble, siquiera fue usado en forma física ni tampoco virtual, dado que Francisco realizaba las conexiones desde su domicilio de Junín 2059. El uso meramente simbólico que se denuncia por la placa, culminó en diciembre de 2022, quedando la placa para evitar los costos de desinstalación y para que el inmueble no aparezca como "abandonado" y con la posibilidad de ser intrusado. 

Desde el fallecimiento del mencionado, Francisco sólo se limitó a realizar tareas de mantenimiento, sacando un crédito en el banco corrientes en abril de 2024, que aún sigue pagando, acreditando fotos e informes de un maestro mayor de obras para demostrar el estado deplorable del inmueble. 

Sería de imposible cumplimiento el pago de un "canon locativo" por parte de Francisco Tomás González Cabañas que percibe ingresos por un monto mensual (con plus y acreditaciones informales propinadas por el estado provincial) que no llegan a los 750.000 pesos mensuales. Tampoco su madre, Cecilia Lugo, podría afrontar tal acreencia dado los gastos que le insume su estado de salud (cataratas avanzada en estado de ceguera) y los trastornos psicológicos que le causó afrontar una causa de denuncia falsa, instada por la Jueza María Josefina González Cabañas, que además le insumió el pago de abogados penalistas por más de dos años y medio (incluyendo la supuesta celeridad del nuevo código procesal penal en la provincia) para lo cuál tuvo que tomar un crédito con el Banco de la Nación Argentina, que le insumen el 35% de su magra jubilación y de su pensión, de aquí a 30 meses más en adelante. 

Arbitrar un reparto de oficinas, para la contraparte, no sólo iría en contra de la voluntad de Tomás Walther González Cabañas, que compensó el haber gestionado el ingreso de su hija Josefina a la justicia, con la posibilidad de uso exclusivo de Francisco de tal inmueble, sino que además generaría un conflicto dramático imposible de administrar, dado que Francisco se encuentra reuniendo pruebas para realizar una querella criminal contra Josefina por la falsa denuncia, patrocinada por su marido García Ricotti, que incluyen amenazas, insultos y miradas intimidatorias por parte de éste, cada vez que se encuentran fortuitamente en el espacio público. 

Finalmente, y a la espera, que la posición dominante de Josefina, en su calidad de jueza, no condicione un fallo que responda a intereses parciales, sectoriales, o en favor de lo que se conoce "como la familia judicial", se deja constancia de la dificultad de presentar la denuncia en el ámbito local, dado que tal como se demuestra con estas acciones recurrentes, Josefina además se encarga de hacer constar en los pasillos del poder judicial de su "especial amistad" con el fiscal general de la provincia.