Tras los dictámenes del más alto tribunal del país, un poder del estado provincial no puede permanecer al márgen de las acciones institucionales que deberían llevar adelante tanto el ejecutivo como el legislativo de Corrientes sobre el judicial.

El "strepitus fori" en curso, podría incrementare en caso de que los poderes del estado no pongan blanco sobre negro y separen la paja del trigo. Hace tiempo que resuena en la opinión pública, la llamada causa "terrenos", llevada adelante por el fiscal Robineau en el fuero de la jueza González Cabañas. En la misma actúo como defensor de una de las imputadas, la escribana Demetrio, el actual Ministro de Justicia de la Nación, el Dr. Mariano Cúneo Libarona quién al realizar presentaciones en Corrientes, en octubre de 2022, expresó en los medios: "La detención es absolutamente arbitraria y estamos examinando hacer una presentación urgente ante tribunales internacionales y la Corte Interamericana, porque esto es grosero. Han detenido a un montón de personas por delitos que son excarcelables. Te hablan de la gravedad y eso no triunfa sobre la doctrina de la Corte Interamericana y nuestros tribunales de riesgo; y no existe ninguno, por parte de esta señora, que obstruya la investigación. Este es un tema que nos preocupa muchísimo".

Este "modus operandi" de estos altos funcionario judiciales, bien podría incardinarse en la figura de "abuso de autoridad" o incluso de "prevaricato", pero no todo queda allí. Existen al menos dos situaciones, aún no elevadas como causas, que sobrevuelan en el ámbito judicial y social de la provincia de Corrientes. Una el asesinato del reconocido abogado penalista "Tito" González en un bar del centro de la Ciudad de Corrientes. Acribillado a balazos, por su cliente, Walter Martínez, que luego se suicidó, ante la orden de detención impuesta por la jueza González Cabañas. No son pocos, los que relatan que el ultimado, días antes habría "acordado" algo que finalmente no se cumplimiento en el juzgado o con allegados íntimos al mismo.

El más reciente, una denuncia, por parte del marido de la misma jueza, que oficia en el mismo en calidad de testigo, contra familiares directos por la sucesión de su padre, de un supuesto faltante de dinero y objetos de valor, que en sendos allanamientos, objetados por la defensa (a cargo del Dr. Boumpadre Presidente de la Comisión para un nuevo Código Penal de la Nación, y con supervisión, hasta antes de su designación como Ministro de Justicia, del Dr. Mariano Cúneo Libarona) y denunciados cómo excesivos en formas y procedimiento, que nunca aparecieron, reteniéndose cómo supuesta prueba, dos cartas de Perón dirigidas al fallecido y denunciadas previamente en el juicio sucesorio, investigación penal instruida, por el fiscal Gustavo Robineau.  

Lo más importante sin embargo, pasa a ser ¿Cómo se le devuelven los 8 años a "Josele" Altamirano? Vejado en cuerpo, dignidad, moral, tanto él como afectado directo, su familia, los deudos de la víctima que le quisieron cargar, "Maxi" Aquino, que saben que el asesino nunca respondió por sus actos, ¿qué respuestas tendrán ahora por parte de la administración de justicia?

¿Cómo podrán, humanamente, seguir administrando justicia, estos actores que condenaron a un inocente? ¿Con que semblante miraran a sus pares, a sus familiares, a ellos mismos? ¿Que legitimidad les puede seguir asistiendo? ¿No podrán acaso todos los juzgados, por estos actores intervinientes, en innumerables causas interponer la figura de "causa juzgada irrita", ante la contundencia de lo ordenado por la Corte? En el más saludable de los casos, que se inicien sendos jurys en en consejo de magistratura ¿alcanzará para reparar tanto daño desatado y que aun continúa como una surte de "criminis causa"? ¿No estaremos acaso, ante la gravedad de que exista en la justicia correntina, de la figura del "Derecho penal del enemigo" a consideración del teórico Jakobs, que determina que ciertas personas, porque son enemigos de la sociedad (o estado), no tienen todas las protecciones y procedimientos penales que se dan a otras personas?.

Estas, como otras preguntas, racionales, emocionales, empalmadas en la necesidad no sólo de justicia, sino de no contar con actores que propicien la injusticia desde un poder del estado, nos deben como respuestas inmediatas, no sólo el poder Judicial de Corrientes, también el poder ejecutivo como el legislativo local. 

Una demanda social que incluye a la sociedad en general, a los medios de comunicación, a todos y cada uno de los que habitamos la provincia, dado que sin justicia no hay libertad.