Supongamos que José y Horacio, son dos hombres con poder, que para el sistema político representan a dos partidos, constituidos en base al artículo 38 de la Constitución Nacional y que incluso, han representado, mediante tales instrumentos, a la ciudadanía tanto en el poder legislativo, como incluso alguno fue electo para conducir los destinos de su provincia desde el ejecutivo. Siguiendo con el ejemplo, y desde el sentido común, no deberíamos asombrarnos, sí tanto José como Horacio, por la práctica de esa representación, por el ejercicio de ese poder, necesitan tener influencia, es decir opinión, dentro del poder judicial. A lo que vamos, suponiendo no sólo de sus mejores intenciones, sino de sus más honestas acciones, no es tendencioso creer que en los ámbitos administrativos, hasta el fechar mal un expediente o situar una firma donde no corresponde, podría significar, sobre todo cuando el poder se escurra, una complicación judicial, cuando no, una condena.

El problema no es de José ni de Horacio. Tampoco de la clase, la política, a la que pertenecen. Siquiera es un problema clasista o de sistemas, es un tanto más sencillo. Los teóricos, no hablamos de los académicos que la mayoría no lo son, son quiénes deberían explicar nuevamente a autores como Montesquieu, o retrotraer el poder judicial a los tiempos de la Roma antigua.

Sí de algo, jamás podría ser, independiente, el judicial, es del poder, dado que lo instituye y lo sostiene, legal y normativamente. Pedirles a los políticos que le respeten una independencia, no sólo nociva, sino inexistente, sería como exigirle a los pobres y marginales que no sientan hambre para que de tal manera se bajen los índices de pobreza y marginalidad.

Es obvio que en nuestro ejemplo de José y Horacio, necesitan ponerse de acuerdo, ambos, para que encuentren quiénes defiendan el principio de filosofía política, que los políticos no pueden estar judicializados porque sí o como una política pública de pergeñar una “caza de brujas” institucional y legal, que vaya contra los principales actores, es decir los políticos (ellos mismos) en nombre de la ética, la moral, las buenas costumbres y la república.

Este desentendimiento, entre José y Horacio, no  sólo que dejan vacantes juzgados, estableciendo la justicia cautelar, o subrogante, sino que además filtra lo otro, que en vez de que el poder judicial  se nutra de quiénes comprendan tal concepto (la no judicialización de lo político, la no continuidad de la confrontación política mediante los tribunales) se pueblan de “talibanes” de la abstracción (de heroínas y superhéroes de papel que creen en verdades, objetividades y neutralidades) y de interposición, vana como reiterada de recursos que no llevan a ninguna parte. En tren de una justicia imposible, como nociva, constituyen la justicia lenta, amañada, engorrosa, accesoria y viciada en sus instancias interminables.

La intervención al PJ (la sigla en este caso corresponde al partido justicialista) por parte de la justicia, debe ser leída como una reacción, desde la perspectiva del poder como concepto, para ordenar el escenario político-electoral, dando aviso a la socia principal del gobierno de turno, que su juramentación de destituir al máximo representante del poder judicial, tendrá un costo, en el orden de lo político.

Este partido judicial, actúa como actuó cuando “la otra” pretendió realizar reformas como la elección de jueces o establecía, ante lo que denominaba, irónicamente “la justicia cautelar” su justicia legítima “subrogante”, defendiendo sus intereses y más luego, la continuidad del sistema político-normativo.

La virtud con la que deberían contar los políticos, que entre esos acuerdos, obvios y  que esperablemente no son públicos (por tal error de origen de que nos hicieron creer e insisten con ello de la justicia independiente) para la conformación del poder judicial (que se instituye e instituye al resto de los poderes, que son conformados por el voto) es que propongan, para luego designar, a hombres y mujeres que tengan la noción filosófica o el concepto de que la política, es decir la confrontación político-electoral, jamás debe llegar a la instancia de un tribunal.

El Partido Judicial, actúa cuando fallan el resto de todo y cada uno de los partidos del sistema político. Teléfono para José y para Horacio, es decir para los de la clase política, que en vez de intentar poblar tal poder, para poner soldados en otro campo de batalla, sugieran a quiénes se comprometan a sostener la noción de la no judicialización de lo político.