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INTERNACIONALES

21 de marzo de 2018

Amnistía Internacional sobre los trolls en Argentina.

Amnistía Internacional realizó el primer relevamiento sistemático de agresiones y amenazas a la libertad de expresión en Twitter Argentina. La organización publicó un informe a través del cual analiza y da cuenta de los efectos del acoso a las voces disidentes. Según el informe “El debate público limitado. Trolling y agresiones a la libre expresión de periodistas y defensores de derechos humanos en Twitter Argentina” el trolling (ciberataques) y las agresiones, específicamente a periodistas y defensores de derechos humanos, tienen el propósito no sólo de descalificar a referentes sino también de funcionar como un dispositivo de disciplinamiento y autocensura

“El ataque a posiciones críticas amenaza la libre circulación de información, ideas y opiniones y viola la libertad de expresión. En el último año, organizaciones de la sociedad civil en todo el mundo hemos manifestado preocupación acerca de los ciberataques. Esta tendencia merece una atención mayor en el marco del uso creciente de las redes sociales como espacios de información y debate público”, señaló Mariela Belski, directora ejecutiva de Amnistía Internacional Argentina.

El relevamiento constata que hay una significativa actividad concertada de agresiones que se produce cuando los periodistas o defensores de derechos humanos difunden críticas o posiciones que incomodan al gobierno nacional.
Cómo es el estudio

Amnistía Internacional Argentina realizó un estudio sobre ciberataques contra once personas (nueve reconocidos periodistas y dos activistas por los derechos humanos -DDHH-) de diversa extracción y afinidades culturales e ideológicas.

Se analizó un volumen importante de tweets (354.000) correspondiente al lapso del 22 de octubre de 2017 al 14 de noviembre de 2017. En este período la agenda pública de la Argentina estaba concentrada en diversos temas de DDHH y justicia.

 Así funcionan los ataques

El método utilizado para los ataques combina la acción de cuentas personales de referentes políticos, trolls (cuentas cuyo registro violento bloquea el debate y desvía la conversación), bots (cuentas parcial o totalmente automatizadas en sus interacciones) y seguidores regulares. En algunos de los casos que el informe documenta, los voceros oficiosos, los formales y los informales, difundieron información falsa (fake news) atacando a personas defensoras de derechos humanos y periodistas. El objetivo de las cibertropas es generar acciones con el fin de producir algún efecto en la opinión pública, en la circulación de la información o en la persecución de opiniones críticas.

 Otras tendencias que dan cuenta de presencia y ataques de cibertropas:

-       Las cuentas más activas -que más tweets generaron- en el período muestran una fuerte presencia de anónimos y trolls.

-       Hay un cruce coincidente entre los atacantes y los referentes (periodistas y defensores de DDHH) analizados durante el recorte temporal del informe.  Así, por ejemplo, quien agrede lo hace hacia varias de las personalidades analizadas.

-       Son más de 100 las cuentas cuyos nombres de usuarios corresponden a una serie alfanuméricay que tienen participación en las actividades de inhibición de periodistas y defensores de DDHH en el lapso relevado.

“Las redes sociales son espacios para el debate público. Tienen un rol fundamental en el fortalecimiento de las prácticas democráticas y el respeto por los derechos humanos. Las empresas que llevan adelante esas plataformas no pueden ser evaluadas sólo en términos comerciales sino que también deben ser monitoreadas en función de cómo protegen la libertad de expresión. A su vez es importante que el Estado tenga una actitud proactiva y transparente en relación con la protección de las voces de los ciudadanos”, indicó Belski.
Amnistía Internacional pide tanto al Estado como a las empresas de redes sociales digitales que sugieran y/o incorporen herramientas de detección y protección frente a este tipo de prácticas. Además sugiere que mejoren los canales de denuncia y las normas de uso para evitar la manipulación o el cercenamiento de derechos vía ataques de cibertropas.

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