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ANÁLISIS

20 de septiembre de 2017

De Guatemala a ¿Guatepeor?

“No existe democracia en nuestra Nación o sólo existe para dispensar y legalizar los pactos de unas pocas cúpulas y élites ambiciosas y soberbias…Un régimen político no es sólo el que regula los procesos electorales, vemos el régimen político como la organización de la convivencia general, donde se mueven los poderes de una Nación, donde funciona el Estado, se organiza la economía, se regula el trabajo y las relaciones internacionales. El régimen político es el gobierno global de una Nación, y por tanto, es el responsable de dar forma y perspectiva a los grandes propósitos nacionales” (Consejo del Pueblo Maya, “Proyecto Político”. Un nuevo estado para Guatemala. Democracia Plurinacional y Gobiernos Autónomos de los Pueblos Indígenas. Guatemala, Diciembre de 2014).

 

En el frenesí de una nueva campaña electoral, en el jolgorio orgiástico del reparto de promesas como de bolsas y vales de supermercados, en el paroxismo lacónico de quiénes parecen enfrascarse en una desquiciada carrera para ver quién cosifica más al pobre, los jirones de la realidad democrática, parecen estar a la custodia del único poder del estado que siquiera elige sus miembros mediante la escenografía electoral.

Tal vez por esta razón, sea el poder, en donde obcecan los otros, en donde finalmente se terminan de resolver las tensiones que supuestamente se dirimen, elecciones mediante. El judicial,  que más que poder, en todas y cada una de las latitudes occidentales, superó la denominación de facción, para pasar a ser una conceptualización de lo familiar; en el sentido Italiano, de cómo se entiende “La cosa nostra”, resuelve,  falla, finiquita y sanseacabó.

Ni las encuestas, que ofician como las drogas duras que calman tanto la ansiedad como las carencias de los que se ofertan sean para los ejecutivos como para los legislativos, hacen mella en el judicial. No debe haber poder alguno que ostente los mayores índices de desconocimiento de sus miembros, como de buena fama u honor ante la población.

Sin embargo, ni las encuestas, encuestan al judicial. El judicial es un sistema en sí mismo, que construyó su predominio, en la astucia de venderse, de hacernos creer que debe orbitar en una suerte de tercero en discordia, supuesta como imposiblemente, independiente. Copto para ello toda una profesión, a la que doto del dominio de su integración, para sepultar el supuesto principio de igualdad por el cual se regiría el mismo poder.

Todos somos iguales ante la ley, salvo para el poder judicial. Sí  uno pretende integrarlo, debe ser abogado. Alguien que tenga esta profesión, está en un nivel por encima de cualquier otro que tenga otra profesión o ninguna. Esta es la igualdad consagrada por el judicial que si quiera se sostiene en la tradición o en la historia. Cuando la justicia, tal vez era más justa, era ejercida por hombres probos independientemente de la profesión que tuvieran. En esta aldea, en donde no conforme a la quinta institucional que tienen para sí, los abogados, que se extienden a otros campos desde la docencia a la comunicación, pasando por la historia, filosofía y cuanto campo de las ciencias sociales encuentren, deberían reparar en el antecedente histórico de Pedro Ferré. Además de la notable carrera política, el hombre fue Presidente del Superior Tribunal de Justicia de la Provincia de Santa Fe, no necesito ser abogado, para ello y tal vez tampoco, para desempeñarse en forma proba.

Que la cuestión electoral, lastimosamente oficia cómo la gran cuestión o la única cuestión democrática, pase por el único poder del estado que no elige o al menos genera tal pantomima, a sus integrantes por consideración pública, que posee los niveles de desconocimiento, siderales de sus integrantes, y que como si fuese poco, siquiera brinda un servicio, medianamente normal para encerrar a un verdadero ladrón de gallinas (ver sino la cantidad de familiares de personas detenidas o en proceso, que plantean la inculpación por el mero hecho de que el sistema detenga a alguien, por más que se pueda tratar de intenciones aviesas y plenamente subjetivas no deja de llamar la atención el incremento de las mismas) es lo más preocupante para nuestro convivir diario.

Con un solo interrogante, dejaríamos en claro la preocupación democrática. ¿Qué pasaría sí todo el proceso electoral se judicializa? ¿Tendrá probidad y legitimidad institucional el judicial para sostener los diferentes fallos que emita, sobre cuestiones electorales y que tengan que ver con los resultados de una elección?.

Si la última vez, por desconocer lo dictaminado por la justicia, ante una crisis política, que no pudo contar los votos de un colegio electoral (era una suma de 26) se terminó en una intervención federal. Es verdad, se cambiaron los procedimientos electorales. La forma de elegir gobernador, se modificó.

La forma de elegir miembros del poder judicial, ¿Se cambió?, ¿se cambiará?, ¿alguien piensa en ello como para mejorar nuestra calidad institucional y democrática? 

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