De hecho, la progresiva erosión de los poderes legislativos en todas las latitudes del suelo argentino, que se limita hoy a menudo a ratificar disposiciones emanadas del ejecutivo a fuerza de decretos que tienen fuerza de ley, ha devenido desde entonces una praxis común, permanente y distorsiva de la realidad misma de la esencia del parlamento, como caja de resonancia del eco popular en el arte de parlar, un ejercicio sistemático y regular de la institución de la vía de emergencia conduce necesariamente a la liquidación de la democracia, que por cierto esta liquidada desde sus raíces, mas los frutos son venenosos.

Las disposiciones casi dictatoriales de los sistemas constitucionales modernos, sean éstas la ley marcial, el estado de sitio o los poderes de emergencia constitucional, no pueden realizar controles efectivos sobre la concentración de los poderes porque entre otras cosas ese “estado de emergencia” da un cheque en blanco con total arbitrariedad en el ejecutivo. En consecuencia, todas estas instituciones cuando se instalan prácticamente a perpetuidad corren el riesgo de ser transformadas en sistemas totalitarios, si se presentan condiciones favorables.

Cuando lo arbitrario se convierte vía legitimación de quien supuestamente representan al colectivo humano del territorio en derecho, surge un escollo difícil de superar cuando se pretende terminar con estas costumbres contra legem detestables, el muro que impone la esfera del derecho es difícil de sortear, pues las alternativas son pocas y en definitiva se termina en una de ellas, la ruptura.

Maquiavelo se refería en sus Discursos sin censura cuando sugería "romper" el ordenamiento para salvarlo; “…porque cuando en una república falta de modo similar, es necesario, observando los órdenes, arruinarlos; o, para no arruinarlos, romperlos". Que puede asemejarse al iustitium  romano.

Cosa similar es la situación de la idoneidad para ocupar determinados cargos públicos, recientemente se llevo a cabo el examen escrito (uno de los tres exámenes) para la elección del Defensor del Pueblo de la provincia, los exámenes tienen como fin lograr que el postulante que llegue al cargo sea idóneo para la función a cumplir, pero resulta, al menos sospechoso algunas cuestiones como ser, los examinadores son miembros de las dos cámaras del poder legislativo que nunca fueron examinados para comprobar su idoneidad, primero para ser legislador y considerarse “representante” de la población y por segundo, nunca fueron testeados al mejor estilo nietzscheano para examinar a otros para que ocupen un cargo público. ¿Qué hechicería hace que estos legisladores estén en condiciones de determinar la idoneidad de otros examinados cuando nunca fueron examinados? A fin de cuentas y siempre en el terreno de lo ideal y no en el mundillo de los arreglos entre gallos y media noche costumbre arraigada en la politiquería, el nuevo Defensor del Pueblo contara con un plus que lo coloca por encima de sus examinadores, legislador puede ser cualquiera, idóneo no. Seguramente la única legitimación que tienen para tremenda empresa es haber estado en una lista sabana, y sin sonrojarse se toman todo muy a pecho y se consideran el súmmum de la pirámide social, capaces de calificar a otros. Cuando la película empieza de esta manera ya sabemos cómo va terminar.