“El hostigamiento que padece la jueza Pozzer Penzo tiene más que ver con que incomoda al poder”.

Ante la pregunta del director de la escuela correntina de pensamiento, Francisco Tomás González Cabañas, invitado especialmente al acto, de si consideraba si el hostigamiento, por parte de sectores vinculados al quehacer judicial, que padece la jueza federal de Goya Cristina Pozzer Penzo en el desarrollo de la causa “Loan” tiene relación con su condición de mujer la jurista y presidente del Tribunal Superior de Justicia de CABA, fue contundente “Tiene más que ver con el hecho de que su accionar incómoda al poder”. La doctora Inés Weimberg de Roca en su exposición refirió que tanto Corrientes como Formosa no tienen magistradas en sus altos tribunales ( NR: Al conocer este reporte el Ministro del STJ de Corrientes, Dr. Guillermo Semhan actualizó el dato de que Formosa ya incorporó una mujer en su alto tribunal) y recibió, en virtud de su experiencia como Jueza en Ruanda el libro “La democracia africanizada” del autor correntino. 

 

Desde el año último también es miembro de la Comisión de Posdoctorado de la Facultad de Derecho de la UBA.
Actualmente es presidente del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, posición que ocupa desde 2018. 
Accedió al cargo de juez de dicho Tribunal en 2013 tras ser aprobado su pliego por la Legislatura porteña y luego de una audiencia pública.

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Se recibió de abogada en la Universidad de Buenos Aires en 1971. En junio de 1972 obtuvo su doctorado en Ciencias Jurídicas y Sociales por la Universidad Nacional de La Plata con la tesis “Comparación entre las concepciones anglosajona y continental en la doctrina iusprivatista internacional”, calificada como sobresaliente. 

En 2020 fue designada por el presidente de la Nación, Alberto Fernández, para integrar el Consejo Consultivo para el fortalecimiento del Poder Judicial que entregó su informe al mandatario ese año.

En marzo de 2018 el entonces presidente Mauricio Macri postuló a la juez Inés Weinberg como candidata a la Procuración General de la Nación. Tras un proceso de varios meses, en julio de 2018, la magistrada defendió su postulación ante la Comisión de Acuerdos del Senado de la Nación.

Durante el período 2009-2016 -como parte de su carrera judicial internacional- fue Juez del Tribunal de Apelaciones de las Naciones Unidas, electa por la Asamblea General de la ONU y fue la primera presidente de ese organismo. 

Antes, desde 2003 a 2005 fue Juez de la Sala de Apelaciones del Tribunal Penal para la ex Yugoslavia y para Ruanda. En el país africano se desempeñó como miembro del Tribunal Penal Internacional (ICTR) entre 2003 y 2008, juzgando a acusados del genocidio que asoló Ruanda de abril a junio de 1994. En ambos casos fue elegida por el Consejo de Seguridad y por la Asamblea General de Naciones Unidas.