La comunicación en el judicial, falla.
Un trabajo de meses, en verdad años, dónde replicamos nuestra disposición e intención de realizar análisis de aspectos a mejorar en las instituciones y su relación con la ciudadanía, pero no solamente quedarnos allí (la crítica especulativa, o incluso académica, que muchas veces para el vulgo mal intencionado categoriza como actitud de tirabombas) sino de dotarla además del cuadro de situación, de una propuesta, proyecto o forma puntual de avanzar para mejorar lo cuestionado.
Para ello, como se podrá imaginar, además del trabajo teórico, que incluye una interacción y dinámica con sus singularidades, se le suma el desembarco en el campo, dónde los obstáculos materiales se entrecruzan con graves síntomas de época, tal como la sistemática exigencia de parte de autoridades de instituciones de que tengamos afinidad político/partidaria/ideológica con quienes sólo debieran ajustarse a los preceptos constitucionales de la idoneidad.
En verdad es más gravoso aún, más de uno de nuestros integrantes sostienen denuncias de haber sido perseguidos judicial y políticamente, por el desarrollo de sus líneas de investigación en relación a la naturaleza del judicial, en su calidad de poder de un estado, o de simple administración de lo justo, y por sobre todo en la dependencia, natural o independencia posible, con el resto de los poderes del estado, o de los integrantes de los mismos antes de que logren su legitimidad democrática (es decir con los políticos o la política).
Pese a todo ello, y sin más ánimo que el realizar una contribución a nuestro lugar en el mundo, un día antes de la desaparición del menor Loan Peña, que a la postre se convertiría en una causa nacional, presentábamos el manual de comunicación del poder judicial a la ciudadanía, considerando que por intermedio de la mejora del mismo, se podría avanzar en un mejor vínculo entre los servidores de justicia y la ciudadanía.
Creemos, provechoso (en el sentido lato del termino, es decir sacarle un rédito a una situación dada) no sólo recordar lo que hacemos y por ende desde el lugar desde el que hablamos, sino también el anteponer a una sensación que gana terreno, acerca de un mal uso o aprovechamiento (en el mal sentido) que de acuerdo a algunos, otros realizan, tras la desgraciada situación de la desaparición del menor en cuestión.
Es propicio que consignemos que hubiera aportado, el tener en marcha, un manual de comunicación del poder judicial a la ciudadanía, ante el caso “Loan” sin que esto signifique un mero ejercicio abstracto o juego de lo contra-fáctico.
Uno de los instrumentos concretos y específicos que plantea nuestra propuesta es la realización de conferencias de prensa por parte de funcionarios jerárquicos del poder judicial para dar cuenta de las actuaciones. A los días de la desaparición del menor en 9 de Julio, Corrientes, los fiscales que instruían su búsqueda (recordemos que se investigó primero “abandono de persona” en la órbita de la justicia de la provincia de Corrientes) Barry y Castillo brindaron una conferencia de prensa, brindando detalles de las realizaciones investigativas para luego fundamentar lo que ocurriría formalmente después el cambio de caratula que llevaría el caso al fuero federal.
Extrañamente, pocas horas después, el jefe de ambos fiscales, el fiscal general, Dr. César Sotelo, brindaría otra conferencia de prensa, para agregar no mucho más que lo expresado por sus subalternos, dejando en claro que no estaría satisfecho sin tener resultados.
Un resultado llegaría días después. En lo que para no pocos, por no decir todos, se constituyó en una obstrucción a la justicia, en el caso Loan, que ya estaba en el fuero federal, dos secretarias del fiscal general y el fiscal Gustavo Robineau, recibirían a las 3 de la madrugada, a una denunciante, que luego sabríamos además de estar acompañada por su abogado, fue conducida por un senador provincial a tal dependencia judicial, tía del menor desaparecido que más tarde sería imputada y detenida por la jueza federal. A menos de 8 horas de tal denuncia, el gobernador de la Provincia, postería en su cuenta de X que había avances en el caso Loan, para su esclarecimiento, señalando la denuncia de la famosa “Laudelina”. Días luego, el mismo gobernador expresaría que fue víctima de su propia desesperación y que escribió lo que escribió dado que estaba mirando la televisión.
De haber contado con nuestro manual, o un manual, es decir un conjunto de sugerencias para comunicar mejor las actuaciones del poder judicial, no se hubiese interrumpido la sana costumbre de realizar conferencias de prensa que venía presentando el ministerio público de Corrientes. Es decir, ¿por qué el fiscal Gustavo Robineau no brindó una conferencia, cómo si lo hicieron sus colegas Barry y Castillo y hasta su propio jefe días atrás? ¿No hubiera significado no sólo una forma correcta de informar a la ciudadanía y continuar con una saludable práctica el realizar esa conferencia, sino también no hacerle caer en el craso error político e institucional en el que cayó el gobernador Valdés?
Haber utilizado la idea de realizar conferencias de prensa por parte del ministerio público provincial, fue un acierto, tal vez alentado desde nuestra iniciativa, no hacerlo, sin embargo de un modo adecuado, sino discrecional y antojadizo, forjó un desacierto institucional de proporciones bíblicas.
El mismo Ministerio de Seguridad de la Nación, en cuerpo de la ministro Dra. Patricia Bullrich, tropezó, una y otra vez, con la carencia de que las actuaciones del poder judicial no tuviesen una herramienta como la propuesta. No sólo afirmó la titular de la cartera, que la denuncia, que luego sabríamos era falsa y condicionada, era sólida y creíble, sino que hizo que la misma se constituyera en el sitio de la desaparición del niño, acompañada por un colosal despliegue de fuerzas, para anunciar ante los medios de comunicación que no había dato certero alguno sobre el paradero de Loan.
Para el juzgado federal, en cabeza de la doctora Pozzer Penzo, el adolecer de un manual de comunicación del poder judicial a la ciudadanía, también significó y aún significa un obstáculo. No sólo que en nuestro trabajo de campo, tuvimos la oportunidad de entrevistarnos con la magistrada, descubriendo que antes de tomar posesión en el cargo, se hubo de desempeñar como periodista y que por tal condición y por concepción teórica, da un valor importante a la comunicación en la administración de justicia. El juzgado que encabeza, es uno de los pocos del país, que posee cuentas en redes en dónde se cumple la manda constitucional de acceso a la información pública. Ella misma, es titular de una cuenta personal dónde da cuenta de su labor institucional. Sin embargo, al no contar con la herramienta que promocionamos, que tenga una validez en los ámbitos institucionales y que disponga de una implementación ordenada y que se siga bajo un método adecuado, la llevó a tener que dar aclaraciones coyunturales, apremiada ante la demanda por parte de familiares de la víctima como de la sociedad toda, ante el strepitus fori que la causa genera desde hace semanas.
De haberse instruido el manual, o algo semejante, bajo una coordinación del Ministerio de Justicia de la Nación, del Consejo de la Magistratura, o del organismo que fuese, las denuncias, que aún continúan, de haber visto a niños parecidos al menor desaparecido en diversos puntos del mundo, se hubiesen manejado de una forma más adecuada y cuidada que las que observamos, y que no hacen más que incrementar el estado de incertidumbre, de zozobra y de descreimiento ante las actuaciones de las instituciones para con la comunidad.
En el mismo momento en que redactamos este parte, se informa desde el poder judicial de la provincia de Corrientes, de la realización del III encuentro provincial de jueces de la provincia. Organizada por el Ministro del Superior Tribunal de Justicia, Dr. Eduardo Panseri (con quién también nos entrevistamos a los efectos del manual, cómo lo hiciéramos también con su colega el Dr. Guillermo Semhan) que concluye con la esperanza de poder lograr un “cambio cultural en el poder judicial”. La saludable realización y encomiable propósito, no tuvo en cuenta, en estas tres oportunidades, que estos encuentros, podrían ser más provechosos, en el caso de incluir otros actores no sólo del ámbito judicial (léase fiscales, sobre todo ante la distinción y discernimiento que realiza Panseri de los jueces y auxiliares con el ministerio público) sino también del mundo circundante (abogados) cómo público en general (investigadores, intelectuales, periodistas, interesados) dado que de lo contrario, estas congregaciones, con la mejor de las finalidades, podrían caer, en asentar algunas desviaciones problemáticas, cómo la conservación de intereses endogámicos, la fosilización de guetos como la llamada “familia judicial” y que orbitan en temáticas cómo las convocadas a tal efecto. Es al menos llamativo, que realizar encuentros para jueces, a más de un año y medio de la implementación del nuevo código procesal penal, tengan cómo punto analizar el mismo. Parecería que algunos magistrados, pueden tener inconvenientes para comprender una herramienta que ya lleva tanto tiempo en dinámica, y que fue, implementada en sectores y estudiada por años.
Finalmente de haberse establecido un manual de comunicación del poder judicial (que va mucho más allá, de lo que se anuncia cómo grandes logros y no son más que pequeños pasos, desde ámbitos académicos vinculados con el poder judicial, el lenguaje claro o accesible y la participación de administradores de cuentas de redes sociales institucionales) el público en general, hubiera contado con información más clara y efectiva, para poder discernir, el hecho jurídico con sus circunstancias políticas.
Observamos con gran preocupación, como desde la política misma, se acusa de un mal uso, o uso político, de la situación concreta, desconociendo que esto mismo resulta inevitable. Acusar al otro o a las otros (rivales políticos) de mencionar el tema, para señalar faltas políticas, es tan peligroso y temerario, dado que se parte de la petición de principio de algo que es lógico y necesario. La política no puede estar ajena de un hecho de magnitud, lo que sí podría hacerse, es dotarla de herramientas, de métodos y sistemas, para encauzar tales debates indispensables.
De haber contado con un material como el que venimos trabajando, alguna luz de claridad se habría logrado ante la ciénaga de confusión en la que nos encontramos. Perdidos como el niño, dejamos en sus manos la evidencia, de lo que hicimos y hacemos para contribuir desde nuestro lugar a la sociedad en la que nos desarrollamos. Esperamos, confiados, en la bondad natural del ser humano, que no se nos pedirán credenciales político-partidarias, que no se nos objetara por alguna situación personal de un saludo no dado en la forma exigida o cualquier otro tipo de señalamiento que no tenga que ver con las ideas, empalmadas en uno de los tantos trabajos realizados para con nuestra comunidad, bajo la égida de la mejor de las intenciones.
Esperamos su devolución, esperanzados, insistimos, que la misma no signifique para ninguno de nuestros miembros, lo que significó hasta esta parte del camino, trabajar en estos temas y de esta manera. Persecuciones, difamaciones, desatenciones e indiferencia.
Seguimos a completa y entera disposición, cómo desde un inicio.
Observatorio de las actuaciones del poder judicial de Corrientes.
Escuela Correntina de Pensamiento.
Mónica Colunga
Muy bueno.
