Estamos regresando al paradigma del "Hácete amigo del juez".

A sabiendas, de un primer y noble paso, de deconstruir o eliminar el viejo paradigma del "juez habla por sus sentencias" el poder judicial, junto a sectores académicos (relación ab initio positiva, que sin embargo, en caso de que no participen otros sectores, o la ciudadanía directa, cae en una suma de corporaciones y se envilece la intención ante la desmesura endogámica) trabajan, hasta la repitencia y redundancia, en el harto recurrido dispositivo del "lenguaje claro". Insistimos, no se trata de algo perjudicial, al contrario, es una primigenia reacción saludable, para desterrar la lengua muerta o elitista del latín y para narrar las actuaciones del proceder judicial, con palabras más comunes y sencillas, que faciliten el proceso de entendimiento y comprensión. 

El problema, es que todo parece quedarse allí. Áreas, sectores y actores del poder judicial, asociados con académicos que trabajan en el mismo objetivo, pero con la intención de que sus palabras o exposiciones no sean cuestionadas ni observadas, sino aplaudidas y reconfirmadas, logran la saludable finalidad de dar muerte al viejo paradigma de que la única voz de la justicia, es la extraña, extranjera y enajenante letra de la sentencia plagada de frases en latín y de expresiones poco entendibles y por tanto cercanas. 

Dejan de observar el marco general, de una concluyente obviedad. Al erradicar un paradigma, se debe tener el mapa o el plano del otro que lo reemplazará, de lo contrario, la inercia social no quedará en la diáspora del desorden, sino que buscará, indefectiblemente, asentarse en un marco de proceder y actuar. No es necesario haber leído, definiciones elementales de sociología para dar cuenta de ello. Habría que preguntarle, no a un ingeniero, sino a un maestro mayor de obras, sí tira una columna o una pared, sin tener un plano de que hará en tal lugar. 

El judicial, en Argentina, como en la mayoría de occidente (salvo en Francia), se constituyó como poder del estado, y no cómo un servicio de administración de un valor esencial cómo lo justo. Su integración, a diferencia de los otros poderes, adolecen de la legitimidad que brinda lo electoral. De un tiempo a esta parte, además, lo electoral se constituyó como el valor principal, muchas veces el único, que sostiene lo "democrático".  

Los funcionarios judiciales, afectados por esta carencia, se encuentran también, surcados, como el resto de los mortales, por los tiempos de la hipercomunicación y la avanzada de la técnica, que ahora se da en llamar inteligencia artificial. 

El escenario, caótico, impreciso y barroso, de la comunicación del poder judicial a la ciudadanía se conforma bajo este lodazal o estercolero, en dónde es imprescindible e imperiosa, una herramienta que permita discernir conceptos claros y contundentes que alumbren una política pública para fortalecer a un poder del estado, soterrado por una viscosidad poco democrática y republicana. 

La mayoría de los funcionarios jerárquicos del poder judicial, jueces y fiscales, tienen a mano de sus telefónos, la apertura de una red social que disponga la presencia per se, de ellos y el rol que ocupan en la sociedad (sociológicamente indiscernible), por más que lo regulen para que las cuentas, sean de acceso restringido o amplio, una suerte de dimensión de lo público y lo privado. La discrecionalidad que les permite tal decisión, puede ser cambiada, posteo a posteo o publicación a publicación. Es decir sí una jueza decide en un principio, abrir una cuenta, por ejemplo en Instagram, para mostrar a sus familiares o amigos (que ella determinará quiénes son por su único criterio) los viajes y compras que realiza, un buen día, puede decidir, "subir" o publicar una actuación de su trabajo. Allí, su cuenta, en principio personal o privada, ya pasaría a ser pública. Por tanto, en este caso, sus amigos o seguidores de tal cuenta, tendrían una ventaja competitiva por sobre el resto de los ciudadanos. Tampoco podemos dejar de lado, que la lógica de la comunicación nunca es rígida o unívoca. Es decir, existe la posibilidad de que la jueza de este caso, no suba nada de su trabajo, pero puede recibir por mensajes privados, consultas acerca de su actividad y que las responda, independientemente de que su cuenta no responda a tal lógica. En el supuesto, de que la misma funcionaria del poder judicial, decida abrir su cuenta en formato público, también dejará de lado, a todos los ciudadanos que no tengan una cuenta en tal red, que no dispongan de recursos para estar conectados a internet, o en el peor de los casos, que no sean aceptados como amigos o cancelados de tal vínculo virtual, por la razón que fuese. 

Lisa y llanamente, al destruir, saludablemente, el viejo paradigma del "juez habla por sus sentencias" no podemos ni debemos, quedarnos, con la sencillez del manualcito del lenguaje claro. Lo que precisamos, es ofrecer a la ciudadanía, al judicial como poder del estado, una política pública, de un nuevo paradigma de comunicación, no olvidando aquello que es el único de los poderes que no posee la legitimidad electoral de la elección de sus miembros, como tampoco lo perentorio del tiempo de sus funciones, y por ende la vinculación con la ciudadanía, es únicamente a través de lo comunicacional, que se encuentra en este complejo escenario descrito. 

Para dejarlo en claro, y ante la advertencia que por el momento no estamos encontrando el eco necesario, ante funcionarios judiciales que impávidos, en muchos casos, observan cuando esto presentamos, que hablamos de un tema menor, secundario o ajeno, a lo central del funcionamiento del poder judicial. 
Estamos regresando, inercialmente, al temerario y antidemocrático, paradigma, del "hácete amigo del juez" del ladino viejo Vizcacha, que en lo que se da en llamar "sabiduría popular" consagró los principios de nuestra recriminable "viveza criolla", que es ni más ni menos, la esencia, el corazón de no atenernos a valores democráticos, republicanos, nutridos de equidad e igualdad de condiciones y de una noción apreciable, razonable y no venal de lo justo en cuánto tal. 

Observatorio del poder judicial. 
Francisco Tomás González Cabañas.