Movimientos sociales; o se constituyen en partidos políticos o se los declaran asociaciones ilícitas.

A expensas de percudir, cuando no socavar el artículo 38 de la constitución nacional, producto de los cismas entre el vínculo de los representantes y representados se generó de un tiempo a esta parte una zona gris, ambigua y disonante, que alumbró la multiplicación o viralización de conglomerados de “representantes naturales” o tuteladores oficiales de necesidades insatisfechas de la población en general que sin ver cumplimentadas sus expectativas democráticas, cayeron en una idea falaz del arquetipo de representación, que no hace más que empeorar y perjudicar la noción cabal de nuestro deseo y vivencia de lo democrático. 
Dado lo que se dio en llamar “la crisis de los partidos”, florecieron estas manifestaciones amorfas, verticales y facciosas de unidades de un conjunto de ciudadanos, en verdad habitantes dado que desconocen o descreen de las reglas de juego establecidas de la civilidad política instituida, que apoyados en la antediluviana concepción jurídica del “iusnaturalismo”, se presentan ante la sociedad toda, bajo una violencia simbólica, cuando no real, de interponer lo que consideran sus derechos vulnerados, por sobre el conjunto, lo común, la ciudadanía y constituyéndose, en una apropiación de facto del significante “pueblo”, interpelan y exigen a los diferentes estamentos del estado una vinculación formal, mediante la cual y luego de tal acto barbárico de imposición o de extorsión, articulan programas, proyectos y planes, de neto corte político y social, conquistando el perjurio mayor de reducir al mínimo el accionar, que por mandato constitucional y por costumbre en los primeros años de la recuperación de la democracia, corresponde al ámbito de los partidos políticos como pilares fundamentales de nuestro sistema democrático.
Historicidad al margen, que incluso puede ser a posteriori agregada y referenciada debidamente en el presente documento, lo cierto es que tras años, décadas, de esta anomalía o de la dinámica en lo que ha devenido nuestra historia democrática reciente, nada cambió sustancialmente en relación a lo que estas expresiones, supuestamente, vinieron a corregir, cambiar para mejor o deconstruir positivamente.
Podríamos afirmar incluso que haber aceptado la plasticidad de la normativa constitucional o su flexibilización no hizo más que agraviar en grado sumo el horizonte de lo democrático, entendiendo éste cómo el conjunto de valores en el que deseamos dirimir las prioridades públicas. 
Consideramos imprescindible el dar por terminada esta etapa, impregnada por un relativismo nihilista, sostenida argumentalmente por las conjeturas que consagran a ídolos de pies de barro, angelados por vaya uno a saber que providencia que promulga la desigualdad ante la ley y que no hace más que carcomer y socavar las bases institucionales de la representación instaurada y consagrada por principios democráticos (participación política en partidos, elecciones en los mismos, gobierno y representación del pueblo por intermedio de tales resultados) y por tanto proponemos. 
Otorgar un plazo perentorio de doce meses, para que todos y cada uno de los movimientos sociales, organizaciones afines o como se quieran auto-percibir, integren partidos políticos existentes o conformen los propios, a los efectos de qué una vez cumplimentado el tiempo expedido, ningún estamento del estado en sus diversas formas, pueda implementar, planes, programas o proyectos, de índole político y social, los que deberán instituirse, con exclusividad, mediante partidos políticos que posean sus respectivas personerías jurídicas. 
No es casual, que muchos de los que declaman el “hacer política” desde fuera de la política (es decir de las reglas básicas), bajo la égida de la imposición de los hechos consumados (ejerciendo para ello violencia simbólica, real o ambas) arguyen que lo hacen, dado que esos otros que tienen, conservan su tener, porque a ellos les falta, no puedan ser consecuentes con esta concepción que denuncian y comprendan por tanto, que todo lo que realizan o desean realizar en nombre de esas faltas, ausencias o carencias, no hace más que entorpecer o favorecer el incumplimiento de lo que demandan, al lesionar gravemente lo democrático, en su noción, en su ideario, en su normativa y en sus principios. 
Así cómo, tras la definición weberiana del monopolio de la fuerza pública o de la violencia, es un a priori indiscutible o una petición performativa de la constitución de los estados, a los efectos de detener el sangrado agonizante del valor democrático de la representación, los partidos políticos deben recuperar, urgentemente, su razón de ser, y establecer un monopolio, claro, prístino, contundentemente unívoco, mediante el cuál, todos y cada uno de los integrantes de una comunidad dada, resuelvan bajo premisas y reglas democráticas, sus diferendos, tensiones, contrapuntos y posiciones agonales.  
Entre tantos aspectos positivos de esta manera, tendremos en claro, quiénes desean vivir bajo la regla de lo común, consagradas por lo normativo e inspiradas en los valores de lo democrático y los otros, que aprovechando, hendijas o hiatos, no hacen más que gerenciar, administrar o tutelar, bajo falsos preceptos y tras una legitimidad privilegiada y desigual, los reclamos del pueblo, de la ciudadanía, que sabrá que éstos actúan al margen de la ley y por ende de la institucionalidad democrática que sabrá generar sus anticuerpos para evitarlos.
 
Por Francisco Tomás González Cabañas.