Defensa “sin cuartel ”del principio electoral de lo democrático.
Bajo las argumentaciones sanitarias, se respondió a un problema biológico, o médico, con la mordaza más feroz y autoritaria, que en la Argentina, posee su rostro más deleznable e inaceptable en la provincia de Formosa. Uno de los tantos bastiones electorales del oficialismo gobernante, en donde antes de la pandemia no existían valores como la alternancia en el poder, la libertad de expresión para interrogar al poder o la existencia de proyecciones institucionales de contralor o de contrapoder, exhibe pornográficamente la detención en “campos de concentración” disfrazados de instalaciones sanitarias de prevención ante el riesgo real de contraer el virus. El presidente de la nación, cómo su jefa política y vicepresidente, no sólo que se cansaron de sostener política e institucionalmente al mandamás allí enquistado, sino que lo presentaron ante el público nacional, como el modelo de gobernación ejemplar a imitar. No resultan casuales entonces las fotos, del que también posee un alto cargo en el partido de gobierno, con las máximas autoridades del partido comunista Chino, vía zoom, en donde la democracia no es siquiera un objeto deseable ni respetable como sistema de organización política.
Mientras desde diferentes partidos políticos, organismos vivos de la sociedad civil, se pide a gritos, que el parlamento nacional, trate la posibilidad de intervención federal en tal Guantánamo Argentino, el presidente, envió como propuesta de tratamiento al poder legislativo, la suspensión de una elección nacional.
Además de los problemas pandémicos, sin duda estamos los ciudadanos, ante una guerra sin cuartel para defender lo democrático.
Existen dos tipos de teorías democráticas: la primera, considera inalterables los intereses de las personas. Considera que la democracia debería funcionar para resolver conflictos de intereses. Lo general sacrifica a los intereses personales. La segunda, postula que los intereses de las personas pueden ser transformados y que la función de la democracia es transformar dichos intereses, pero con base en los valores morales.
Las críticas que se realizan a la dimensión de la democracia deliberativa están en sintonía con la confrontación o la complementariedad de la que, precisamente, surge. Es decir, le responden desde una continuidad dialógica, en un supuesto debate dado acerca de las posibilidades de lo democrático, aceptando o tomando el postulado, o la objeción planteada por lo deliberativo.
Veamos la siguiente crítica que se desprende del libro del autor Julio Montero, titulado La concepción de la democracia deliberativa de C. Nino: ¿populismo moral o elitismo epistemológico?: los rasgos que comparten todas las concepciones de la democracia deliberativa, desarrolladas en los últimos años, son: el de rechazar la idea de que la vida política se reduce a una mera confrontación entre grupos rivales que persiguen intereses facciosos o sectoriales y el de sostener la necesidad de alcanzar un punto de vista del bien común, mediante un debate público en el que todos los ciudadanos tengan el mismo derecho a exponer y defender propuestas surgidas de sus propias necesidades. Puesto que este ideal político requiere que todos los ciudadanos dispongan de las condiciones necesarias para hacer valer sus puntos de vista, quienes defienden una concepción de la democracia deliberativa se enfrentan a un serio dilema que puede formularse de este modo: por un lado, en una democracia deliberativa, la totalidad de las normas públicas deben ser el resultado de una deliberación entre personas iguales, orientada a establecer el bien común; por el otro, para que esta deliberación tenga lugar, es necesaria la existencia previa de ciertos derechos que regulen la relación entre los ciudadanos, al menos en los aspectos concernientes al debate democrático. Dicho con otras palabras, el problema en una democracia deliberativa es que, si una norma sólo adquiere validez luego de un debate público en el que la totalidad de las cuestiones están abiertas a la discusión, no se puede explicar la legitimidad de los derechos sobre los que se sostendría la deliberación democrática
La democracia solo puede ser entendida como un deseo, una cuestión de fe, sacralizada en su versatilidad de asimilar todo en cuanto lo rechaza. Referencia y diferencia, unicidad y multiplicidad; la inversión de lo metodológico: de lo general a lo particular. Todos y cada uno de los axiomas, al igual que las razones fundadas e infundadas que se quieran proponer, caerán rendidas ante la noción desiderativa de lo democrático. La democracia es expectativa: no puede ser plenamente concretada, ya que, en tal caso, se transformaría en un absolutismo totalitario. En nuestra modernidad, el sujeto de la democracia es el individuo. Así ocurre desde la composición de los contratos sociales, que unificaron todas y cada una de las expectativas de los suscribientes en una voluntad mayor o estado, y que —mediante una representatividad— administra o ejerce ese poder que ha sido previamente legado, extendiendo y renovando las expectativas cada cierto tiempo, llamando a sufragio y a elecciones para que se elija a quienes representen la administración de esa cesión de derechos cívicos y políticos. Pero la democracia debe fundamentarse en la condición estadística en la que se circunscriba el individuo. Hay que asumir la realidad para que, a partir de ella, se construya la expectativa, que es su razón de ser. De lo contrario, en caso de continuar generando expectativas ante la mera convocatoria de elecciones para renovar representantes, la legitimidad del sistema siempre estará riesgosamente en cuestión, pudiendo, alguna vez, considerarse el retorno de algún tipo de absolutismo. Este sería el paso, ante suspender las mismas, considerando que no son esenciales o que pueden ser suprimibles ante alguna razón u otra.
No son tiempos para poner en suspenso, entre paréntesis, por argucias de hegemonías sanitarias, las reglas de juego de lo único salvable de lo democrático, que es ni más ni menos que la convocatoria a elecciones, por más que estas sean incluso el propiciar las elecciones internas de los partidos políticos que son los pilares esenciales de la democracia por mandato constitucional.
Por Francisco Tomás González Cabañas.
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