30 de marzo de 2020

¿Y la baja o tope de sueldos del personal jerárquico del Poder judicial?

Tras la muy acertada decisión del Gobernador Gustavo Adolfo Valdés, de poner un tope en el poder ejecutivo de hasta pesos cincuenta mil de cobro de salario (nobleza obliga el Intendente de Curuzú Cuatiá, José Irigoyen, días atrás hubo de ser el primero en determinar que parte de su sueldo y de sus funcionarios iría a un fondo para mitigar la emergencia sanitaria) se espera desde la ciudadanía toda, el gesto al menos simbólico de las autoridades del Poder judicial (como todos el menos democrático de los poderes, dado que no se eligen por voto popular y conservan prerrogativas no republicanas) para que pongan también un tope a sus ya siderales ingresos que no son alcanzados por el impuesto a las ganancias y que tienen ante este escenario, una larga “vacancia” o no se constituyen en un servicio esencial como el médico, el de seguridad, el logístico, hasta tanto continúe la amenaza de la pandemia.

“Habría que convenir que la justicia consiste tanto en tener cada uno lo propio como en hacer lo suyo”. (Platón. La república. Libro IV. 434ª. )

Semanas antes de que la pandemia nos cambiara, y por ende nuestra aldea mundana, publicábamos el accionar institucional del centro de estudios Desiderio Sosa, que se dirigía, en virtud de una ley nacional, a los miembros del poder judicial correntino de la siguiente manera.

Solicitamos la declaración jurada de los integrantes, jerárquicos, del poder judicial de Corrientes.

Tal como lo garantiza la ley nacional número 27.275, de acceso a la información pública, su implementación palmaria en el ámbito del poder judicial de la nación, y la necesaria consolidación de los valores democráticos que se expresan en la norma de marras (transparencia y participación ciudadana), entendiendo que desde una perspectiva teórica, como práctica, el poder judicial, es desde su integración (sus miembros no se eligen por voto popular) el menos democrático de los poderes institucionales y republicanos, que todos y cada uno de los integrantes jerárquicos (ministros del superior tribunal, jueces y fiscales) puedan (y deban desde un imperativo categórico moral) hacer pública sus respectivas declaraciones juradas de bienes, a los efectos de acercar a la ciudadanía con el servicio de justicia, amalgamar el vínculo, despojarlo de la falta de credibilidad en el mismo, que lo acecha desde hace tiempo y en niveles que de acuerdo a todas las mediciones y encuestas, superan el 90% de imagen negativa, por tanto consideramos necesario, indispensable y fundamental que esta solicitud, en representación de las expectativas y deseos de la ciudadanía, pueda ser respondida, satisfactoriamente en el menor tiempo posible. Entendiendo en la situación de privilegio, tanto en las formas de procedimiento, de trato, como normativamente (no tributar ganancias, régimen especial jubilatorio) en las que conviven, en situación de desigualdad con el resto de la población, creemos esta propuesta, reviste una oportunidad para deconstruir tamaña afrenta a un sistema político y social que precisamente requiere de mayor equidad e inclusión.

A nivel nacional, se pone nuevamente en consideración pública la cuestión judicial, así como en ciertas provinciales, se realizan planteos, institucionales para intervenir en el poder judicial, atendiendo la problemática estructural que representa el vínculo entre tal poder del estado, que por su supuesta integridad profesional, idoneidad moral e independencia con los otros poderes, tendría que hacer escuela y liderar, las diversas manifestaciones, acabadas y expresas, de transparencia y accesibilidad de la demanda de información pública, acentuando que en la Provincia de Corrientes, desde la perspectiva política, independientemente que esto pueda ser “politiquería”, diversos partidos políticos, como pilares fundamentales del sistema democrático, han expresado y denunciado, la falta de independencia del poder judicial y por tanto su corruptibilidad. A los efectos de despojar toda duda y sospecha en cuanto a estas habladurías que no hacen más que percudir la institucionalidad misma, como la honorabilidad de fiscales y magistrados, que seguramente, nada tendrán que ocultar ante los ciudadanos ante quiénes se deben y por los que velan en la legitima aspiración de justicia que poseen como máximo derecho humano, es que se realiza esta natural como legítima demanda.

Sin otro particular, comprometiéndonos a que la información recibida, como indica la ley nacional, no será segmentada ni clasificada, sino solamente publicada tal como se recibe en nuestro sitio virtual como en redes, para el acceso democrático, y cuyo derecho les asiste a los ciudadanos, y a la espera de que estén a la altura que las exigencias y demandas ciudadanas lo requieren, nos despedimos con el mayor de los respetos.

Centro de estudios políticos y sociales “Desiderio Sosa”.

https://desideriososa.wordpress.com

Tal como en ese entonces, volvemos a hacer nuestro este reclamo institucional, sustentado en el derecho público y hacemos propias las palabras y la acción del Gobernador de la Provincia de Corrientes, Dr. Gustavo Adolfo Valdés, para que desde el poder judicial de Corrientes, se tome una medida similar en cuanto a la percepción de sueldos y montos de los mismos, hasta tanto la pandemia sigua amenazando nuestra forma de vida.

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