Antes que del lenguaje inclusivo, la provincia debiera responder porque no reglamenta la enseñanza del guaraní.

En un proyecto de resolución de la entonces Diputada Provincial Sonia Beatriz López, se instaba a reglamentar la ley que dispone al Guaraní como lengua oficial alternativa y promueve su enseñanza en el sistema educativo, entre sus considerandos y sí bien la iniciativa es del año 2014, se diagnóstica de la siguiente manera la realidad educativa provincial en relación al incumplimiento con la ley, aprobada en el año 2004:

“Que aunque la ley 5598 instituyó la obligatoriedad de la enseñanza de la lengua guaraní en todos los niveles educativos, pudo solamente implementarse como parte de proyectos educativos institucionales, hasta el presente, solo en tres escuelas del territorio provincial (Empedrado, Mburucuyá y San Luis del Palmar). Asimismo la Universidad Nacional del Nordeste, a través de una investigación propuesta desde la Facultad de Humanidades,  que se encuentra en pleno curso, intenta develar o dilucidar los motivos que limitaron la transmisión del Guaraní en Corrientes. Sin embargo, cabe poner de manifiesto que, en ambos ámbitos mencionados, destacan y reconocen que la existencia del guaraní como lengua activa en la provincia es una realidad y que se la usa como lengua primera o segunda y muchas personas la tienen como única lengua, entre ellos muchos niños. Y también advierten que, pese al reconocimiento oficial como lengua provincial, aún se mantienen prohibiciones o se limita su transmisión.”

No solo que la reglamentación brilla por su ausencia y por ende su aplicabilidad taxativa, sino que la dinámica de los cambios del lenguaje, hacen que nos preocupemos, en un nivel mediático, como institucional, por los desafíos que propone el llamado lenguaje inclusivo, cuando ni siquiera nos interesamos, por cumplir la ley.

No solo que violar la norma, tácita o expresamente, no es una conducta destacable en un estado de derecho, sino que se transforma en siniestra, sí desde lo educativo, lo que enseñamos en los hechos es a incumplir la ley, o no reconocerla, que es lo mismo o incluso peor.

Preferimos, como partes de la comunidad educativa, desde el lugar en el que estemos, que la dinámica de los hechos disponga que se enseñe el Inglés, casi obligatoriamente, dado que nos hacen creer que nuestros niños tendrán más posibilidades de toda índole, sí poseen conocimientos en lo que se instituyó como lenguaje universal. Tal  vez así lo sea, no nos proponemos cuestionar esto mismo (de todas maneras sí es universal, la diferencia no estaría en aprenderlo o saberlo, dado que al ser parte común, lo obtenemos mediante traductores en línea o mecanismos ampliados y hasta robotizados) sino simplemente el ofrecer la mirada complementaria que haga que la enseñanza del Guaraní, no sólo sea la disposición de la letra muerta de una ley que no se cumple, sino además del fortalecimiento de nuestra identidad cultural, la conveniencia expresa y manifiesta para desafíos laborales que se traduzcan en posibilidades económicas.

Insistimos con el ejemplo o la referencia política-institucional. El gobernador de Corrientes, asiste a las asunciones presidenciales en Paraguay, no en Estados Unidos. No solo que nos separan menos de 400 kilómetros de la capital del país Guaraní, sino que la cosmovisión que nos hermana históricamente, debe ser fortalecida, para que las futuras generaciones amplíen sus intercambios y posibilidades de negocios, teniendo la posibilidad, o rescatando la misma, de que hablemos el mismo idioma, tal como lo fue históricamente.

La historia lo dirá, pero tal vez, además de la enseñanza del Inglés que muchas veces sólo termina siendo útil para que hablemos con el mozo de un bar en Miami para que nos traiga una determinada ensalada, podamos cumplir con la ley y hablar el Guaraní para tener mayores posibilidades no solo culturales, sino económicas que nos permitan tener más recursos que posibiliten más viajes, a mismos destinos o tal vez otros en donde se expresan de otra manera que no sea mediante el Ok.