Calidad democrática: Proyecto para ordenar las transiciones gubernamentales.

Lo sabemos teóricamente, lo percibimos mediáticamente, pero lo más gravoso es que no deben ser pocos, los empleados municipales de muchos municipios (presentamos como casos testigos los de las ciudades más densamente pobladas de la Provincia de Corrientes; Capital y Goya) que padecen la angustia, la zozobra y el quebranto de los desaguisados de sus gobernantes, es decir entre la no relación o la mala relación que se genera entre los salientes y los entrantes para administrar la cosa pública, los principales afectados son precisamente los que ven peligrada su continuidad laboral o a los que se les alimentó ficticiamente la posibilidad de formar parte de la planta permanente de las distintas administraciones en donde se libran estas pujas que demuestran lo más bajo de la política. Tampoco son los únicos que padecen esta violencia institucional, todos y cada uno de los ciudadanos que habitamos en las ciudades en donde se dan  estas batallas que tienen el mismo sentido como razón de ser de las que se pueden dar en el recreo de cualquier escuela primaria, somos víctimas de que los gobernantes salientes como los entrantes, en vez de calzarse los trajes formales que usaron  y que usaran para la asunción, agarren los guantes de boxeo o se calcen las vestimentas de cualquier arte marcial para desconocerse, y desconocer, sobre todo, la responsabilidad para lo que fueros votados.

La democracia cuando sólo era expresión de deseo, de un pueblo oprimido por los diferentes autoritarismo se pensó, se sintió y se deseó sobre todo como una pócima mágica que resolvería todos y cada uno de los inconvenientes que tuviésemos como sociedad. Hemos redactado artículos varios (libros incluso de nuestro director, Francisco Tomás González Cabañas, EL voto compensatorio, La democracia incierta y el Acabose democrático entre otros) con aquél discurso del primer Presidente tras el regreso de la democracia, que aseguraba que con ella, comeríamos, nos curaríamos y nos educaríamos.

Ya vamos para cuarenta años de esto y sabemos que tales palabras fueron expresadas para que impactaran en otro plano, más allá del real. En un primer momento, en el plano imaginario (era difícil hablar de democracia cuando se estaba a minutos de haberla recuperado) más luego en el simbólico (tal Presidente pasó a la historia como el Padre o el héroe de lo democrático), pero es ahora cuando nos toca trabajar para que la democracia extienda su dimensión conceptual y de logos se vaya constituyendo en acto.

Tras distintas iniciativas englobadas en el eje de aumentar la calidad democrática, entre las que podemos destacar la constitución del índice democrático (una suerte de diagnóstico sobre el legislativo y el ejecutivo acerca de la existencia como de calidad de las prácticas o ejercicios democráticos, más allá de lo electoral)la conformación del gabinete ciudadano (el auspicio para que la ciudadanía proponga sus proyectos y propuestas en calidad de posibles funcionarios públicos para evitar discrecionalidades y prácticas nepotistas en la designación de colaboradores y ministros de gobierno) presentamos esta iniciativa para cubrir una ausencia que los tutores de la democracia la dejaron al descubierto y que servirá además para consolidar otra institución democrática, que al decir ciudadano “viene floja de papeles” o poco razonada en su funcionalidad como lo es la defensoría del pueblo, de los vecinos o de las ciudades.

El proyecto contempla que desde el andamiaje jurídico-real de la Defensoría del Pueblo de la Nación (Ley N° 24.284) no sólo se defina su funcionalidad específica (desde su nacimiento normativo como en las distintas partes del mundo en donde se implementa se encuentra una dificultad para expresar en forma taxativa y fehaciente ante qué y cómo defiende una institucionalidad a los ciudadanos de los posibles excesos que cometan las institucionalidades hacia ellos) sino que además aprovechando la misma, se traslade la competencia existente en la actualidad en la órbita de la Dirección Nacional Electoral, dentro del Ministerio del Interior del Poder Ejecutivo Nacional. Asimismo en todas y cada una de las jurisdicciones provinciales como en las municipales existentes la defensoría tenga este rol o este mandato en lo atiente a lo electoral (de esta manera por ejemplo en la conformación de legislación electoral se evitaría lo que sucedió en la Ciudad de Corrientes donde se dispuso por simple y llana arbitrariedad política que se abriera un proceso de transición, es decir se llamó a votar sólo en la ciudad, a más de medio año que vencieran los mandatos, consumiendo un 12,5 % de trabajo de gestión o administración en los escarceos que facilita el no tener una normativa que estipule transiciones ordenadas).

Asimismo, cabe consignar que las exigencias que se establezcan, sobre todo para funcionarios salientes en quiénes naturalmente recaerá la  mayor responsabilidad, de dar a conocer como generar desde tal lugar, aún de poder, mayores factibilidades para una transición ordenada, impondrán consabidamente, sanciones o penalidades, proporcionales a la infracción o transgresión que se cometa para garantizar el cumplimiento efectivo de lo que se disponga.  

A los efectos no sólo de corregir también o mejor dicho de precisar la institucionalidad del Defensor del Pueblo, sino a los efectos de que este traslado que se propone de dos órganos del ejecutivo, no se transformen en la posibilidad de la creación de una entidad elefantiásica que genere mayor gasto, agio burocrático y devaneos interminables, es que se propone la refuncionalización, reacondicionamiento, normativo, para su posterior consecución en la realidad de que la cuestión electoral garantice la expresión democrática de la ciudadanía en su conjunto y que una vez o que cada vez que esta decida todos podamos conocer, sin tinte de sospecha alguna, como ha resultado tal jornada electoral que es ni más ni menos que el símbolo de nuestra vida democrática.

Para ponerlo en términos prácticos se podría aprovechar el rol aún no acendrado del defensor del pueblo para que más que un defensor, o además de un defensor, sea un auditor democrático, un explicador popular de lo que es la democracia, sus usos y funciones. Resolviendo de esta manera una de nuestras deudas, arquitectónicamente conceptuales más colosales, la de tener un organismo de lo electoral por fuera del Poder Ejecutivo, con base en el legislativo, pero con autonomía, reservándose además la promoción o el auspicio de otras prácticas democráticas, además del voto, mediante el Instituto para el fortalecimiento democrático que tenga a cargo la conducción, maestranza o coordinación de las transiciones gubernamentales, para llevar a cabo auditorías, para evitar que el traspaso de mando se constituya poco más en una disputa, sea en un nivel simbólico como lo fue en la entrega de mando nacional de 2015, fratricida y atentatoria de lo democrático y para que finalmente la ciudadanía este a resguardo de los excesos que puedan cometer en su nombre quiénes la representan en el ejercicio o administración de sus facultades políticas que implican el imperio de lo público.