27 de febrero de 2017

Acción de amparo para evitar la obligatoriedad del voto.

Al ciudadano de a pie, a esos que dicen que dedican sus horas y su energía los políticos encaramados en el poder, lo único que les llega a interesar de la cuestión electoral (hablamos de los que medianamente tienen resuelto el aspecto de la supervivencia y no entran en la cosificación de la que son víctimas los clientes cautivos de la prebenda y la dádiva electoral) es ir a votar la menor cantidad de veces posible, en un año, que en esta temática, amenaza a ser de proporciones desastrosas, para aquel que no tiene el conchabo, la libada asegurada o no está prendido o ensortijado en el útero estatal. La política, en códigos democráticos, transformada en una cuestión de fe, no puede, ni debe, por esta condición de que existe, básicamente porque no cumple lo que promete, de lo contrario dejaría de existir, hará lo imposible, para que el deseo ciudadano, este lo más lejos posible de ser cumplimentado.

La obligatoriedad del voto, es la forma que el sistema ha encontrado para validarse, de lo contrario, sí fuese optativo, y en esa opción, en caso de que asistieran, de los aptos para votar, menos del 50% de los habilitados, tendría la ciudadanía un elemento más, y decisorio, como para manifestarse ante sus políticos que llevan a cabo políticas no democráticas, en nombre de las mismas. De allí que el voto sea obligatorio, para sacarle, quitarle, birlarle una posibilidad más al hombre en el llano, sin poder político, para que se organice y reclame, en su no participación una política más democrática. La saturación de elecciones, es otra forma, otra manera, de alejar, aún más, a la política de la ciudadanía, de la gente, del pueblo. De seguir teniéndola cautiva, sometida entre cuatros paredes, violada, ultrajada y guasqueada, por los mismos de siempre, que la azotan con sus lechazos furibundos, para que represente el horror, de una criminalidad en continúo, anatematizada  en su normalidad, vulgarizada en su manifestación cotidiana, de que así nomás tiene que ser, porque lo dado y lo establecido, no se discute, por nuestras kantianas limitaciones como para dimensionar la cuestión en sí misma, o la posibilidad de que sean otros los que dispongan, de distintas maneras los senderos de la cosa pública. Que nos hagan asistir, hasta el cansancio, obligados, para optar, entre los candidatos, que ni siquiera fueron elegidos por el ejercicio de una democracia interna de los partidos (esta es otra forma que tienen de decirnos que la ley es para ser cumplida por los que no tenemos poder), es la muestra cabal de que habitamos en una “Sodoma y Gomorra” institucional, en donde todas las vejaciones están socialmente aceptadas, comunicacionalmente gacetilleadas, siempre y cuando exista un cuarto oscuro, una apertura de sesiones y los actos protocolares en donde se rinde homenaje a los hombres del pasado.

En tanto y cuanto la profecía bíblica no se repita, no existiría complicación alguna, como para seguir como estamos, simulando que aún creemos en lo que dejamos de creer, aplaudiendo, complícemente las ignominias a las que someten a nuestros hermanos en nombre de un orden que no es tal y de una justicia que no es para nada ecuánime.

La voz del pueblo, es la voz de dios. Sí entonces, y acuerdo al Génesis, “Jehová hizo llover sobre Sodoma y sobre Gomorra azufre y fuego desde los cielos; destruyó las ciudades, y toda aquella llanura, con todos los moradores de aquellas ciudades, y el fruto de la tierra” no es menos probable que los ciudadanos, aquellos que pretenden dejar de estar bajo la férula de dictadorcillos de poca monta, trajeados de democráticos,  puedan hacer llover amparos, ante el único poder institucional, que no elige a sus miembros por el simulacro democrático, para declarar la inconstitucionalidad de la obligatoriedad del voto.

A los efectos de contribuir con esta acción salvífica, y más allá, incluso de que esto pueda ser considerado, mesiánico, no es ni más ni menos, que el armarnos, en el sentido literal, en el mejor de los sentidos, en defensa de nuestra institucionalidad democrática.

Por supuesto que estamos mucho más allá de resultados, lo que se pretende es precisamente salvar a nuestro sistema democrático, que está en riesgo, insistimos, no producto de intenciones expresas en contra, sino por el constante e irresponsable, uso y abuso que se hace del mismo, por parte de una dirigencia, en su mayoría estulta que no entiende ni comprende que la única manera de sostener y consolidar el sistema del que son los mayores beneficiados, es el de cumplimentando sus reglas elementales, tanto las formales como las que detentan el espíritu mismo de lo democrático.

 


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