ACTUALIDAD  19 de mayo de 2017

Proponen Impuesto Ciudadano.

Proponen la aplicación de un Impuesto Ciudadano sobre las dietas percibidas por los Legisladores, Ministros, Secretarios y Subsecretarios del ejecutivo provincial a fin de crear un fondo de protección a los afectados por las inundaciones en Corrientes.

Debido a la repetida y conocida situación de inundación de varias localidades correntinas, es de urgencia la aplicación de lo que aquí llamamos el Impuesto Ciudadano que consiste en la confiscación del 50 % de las dietas de Legisladores provinciales y Asesores contratados de ambas Cámaras a todos los Ministros del Poder Ejecutivo provincial, Secretarios y Subsecretarios, incluidos el Gobernador y Vicegobernador. El tiempo de la confiscación es indeterminado hasta que la población este segura de no sufrir semejantes calamidades evitables.

Fórmese un Fondo Único con dicha confiscación, que servirá de aporte directo y sin intermediario a cada afectado por el agua ya sea por desidia, acción u omisión de los funcionarios que recae sobre sus hombros la obligación de asegurar y velar los bienes de los contribuyentes.

Dicha confiscación tiene como fundamente el principio de solidaridad para con el ciudadano que, a su vez, es esquilmado impositivamente para la manutención de las estructuras estatales que dicen propender al bien común. Entendida la solidaridad, como la determinación firme y constante de exigirnos como unidad al bien común, por el bien de todos y de cada uno de los miembros de la sociedad. Si la solidaridad tiene por fundamento la dignidad de la persona humana, que es esencialmente comunitaria, funcionando como regulador que inclina a cada persona a comprometerse para el bien común y a sentirse responsable del destino del grupo social, teniendo en cuenta esta base es de origen la viabilidad de la confiscación de las dietas políticas, entre otras cosas por ser uno de los ítems que vacía las arcas del Estado y produce el deterioro de las estructuras social y de infraestructura provincial.

Convóquese a una Asamblea Popular Ciudadana, órgano rector, legítimo y único del ejercicio de la soberanía popular y la democracia, a fin de tomarse las medidas pertinentes para la aplicación del Impuesto Ciudadano sobre los antes mencionados. Declárese al territorio provincial en estado de Asamblea Ciudadana Soberana.

Utilícese cada municipio de la geografía provincial como centro de evacuados por tiempo indeterminado, por la sola razón de ser bienes públicos que deben estar al servicio del ciudadano sin excepción alguna.

Extiéndase dicha confiscación a los miembros de Concejos Deliberantes y ejecutivos municipales de todo el territorio provincial que así lo requiera.

Suspéndase inmediatamente cualquier erogación del erario público en calidad de “pauta oficial” a cualquier medio de comunicación, escrito, radial, sitio web, televisivo, etc.

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