El tópico “corrupción” nos deposita en terreno fangoso cuando pretendemos indagar sobre sus causas más que por sus consecuencias y la “cuestión penal” siempre gravitando sobre el tema. No haremos aquí un estudio etimológico, -si se quiere-, sobre la palabra corrupción para no agobiar al lector circunstancial. Vale recordar que, para la existencia de la corrupción en la arena pública se precisa de un requisito esencial, la presencia y la separación de bienes públicos y los bienes privados, fenómeno que podríamos ubicarlos con la creación de los Estados modernos. Antiguamente y de modo ejemplificativo, para entender de qué hablamos podemos citar la distinción entre bienes personales del soberano y bienes del Estado, en las formas estatales pre-burguesas, el Rey o el Estado administran los bienes y los dineros sin distinguir entre sus bienes personales y aquellos del reino, no puede existir corrupción tal cual la entendemos a partir de la modernidad (1).

En la actualidad el Rey ya no es víctima en el robo de sus bienes personales, aparece la sociedad toda como víctima, es decir, los ciudadanos, los contribuyentes.

Gian Franco Pasquino define la corrupción como: un fenómeno por medio del cual un funcionario público es impulsado a actuar en modo distintos de los estándares normativos del sistema para favorecer intereses particulares a cambio de una recompensa. Corrupto es por tanto, el comportamiento ilegal de aquel que ocupa un rol en la estructura estatal (2). El autor centra su atención en el funcionariado público haciendo a un lado las conductas de igual características que se dan en el ámbito de lo privado, de cualquier oficio o profesión. Volvemos nuevamente al principio, recordando la división de lo público y lo privado para la existencia de la corrupción, Pizzorno en cambio, centra su atención justamente sobre la violación de la normativa creada a fin de proteger y regular los conflictos suscitados entre los bienes privados y los bienes públicos (3).

El fracaso diseñado por un ordenamiento normativo y sancionador es patente, el mundillo de los “políticos” para desligarse de la parasitaria estructura corrupta en la estatalidad, siempre han optado por el camino corto y fácil, endosar siempre las responsabilidades a una persona determinada, como una excepción a la regla de juricidad, sin atacar a sistema emponzoñado por completo verticalmente.

Los medios de comunicación suelen  explicar el fenómeno corrupción desde el ángulo cuantitativo-económico ventajoso para el corrompido y su círculo, lo patrimonial no agota la cuestión corrupta, existe un entramado de relaciones sociales, políticas, judiciales y empresariales que dinamizan y dinamitan la lucha por el poder vernáculo y los conflictos socio-políticos.

La corrupción se presenta como un universo infinito de inter-relaciones en la esfera de la estatalidad. No existen tres poderes, existe solo uno que divide sus tareas. La impunidad aparece como el reflejo de la corrupción en un espejo, creer que tal fenómeno pertenece a la jurisdicción del sistema normativo-penal es omitir la penetración profunda y global en las instituciones. Imaginemos que lanzamos un piedra a una laguna y vemos como el impacto genera un replica de cientos de círculos sobre el agua, lo mismo hace la corrupción en el tejido social.

La cultura utilitaria, -dice Gouldner-, funciona  como patrón de conducta de la sociedad burguesa, como una patología del utilitarismo estandarizada que se exterioriza como anomia social, es decir, atribuye inevitablemente, la mayor importancia como orientador de la conducta humana al hecho de ganar o perder, al éxito o al fracaso como medidas de valorización y no al carácter o regla de lo que es correcto (4).

Nos preguntamos ante esta realidad ¿el mundo normativo penal puede hacer algo al respecto o sucumbe ante el fenómeno corrupción? la ley penal tipifica y por consiguiente arrastra un castigo punitivo, pero la conducta del funcionario público corrupto se camufla en desviación de la conducta particular y excepcional, el castigo que infunde la ley penal se muestra raquítica como mecanismo de regulación, desaparece en el mismo instante en que el encartado arremete y hace funcionar su red de influencias que abarca vertical y horizontalmente terminando por apocar y neutralizar al sistema penal en su conjunto, logrando la impunidad. El legislador penal resulta que conforma esta misma red de inter-relaciones de impunidad. La recaudación en términos monetarios de la corrupción no solo sirve para la satisfacción de los placeres personales del saqueador sino que, interesan como herramienta para asegurar la impunidad pagando por los servicios. De tal manera neutralizaría –sostienen Sykes y Matza-, el problema moral, la desviación de conducta del funcionario responde más a las reglas del partido o grupo al que pertenece y no a la ley general (5).

El delincuente siente que su comportamiento en realidad no ocasiona daños importantes a pesar de que contradice la ley (caso de la tragedia de la Estación Once que dejo cincuenta dos muertos). Así, como el vínculo entre el individuo y sus actos puede quebrarse mediante la negación de la responsabilidad, también puede quebrarse el vínculo entre los actos y sus consecuencias mediante la negación del daño (6).

Lamo de Espinosa asegura que, las prácticas corruptas tienen el efecto de marginar o discriminar a los que se niegan a cooperar y por ello se va ampliando el círculo de los que participan para no quedar fuera del cargo que ocupan (7). El corrupto apela a la negación de la responsabilidad, -dicen Sykes y Matza-, las acciones del delincuente se deben a fuerzas ajenas y que están fuera de su control,  el delincuente propone una concepción de sí a través de la cual se percibe como impulsado inevitablemente a nuevas desviaciones (8). Caso patente del ex Secretario de Obras Públicas José López, quien fuera detenido in fraganti con 9 millones de dólares en un Monasterio de la Provincia de Buenos Aires, dijo a los efectivos en el momento de su detención “robe para la política”. Estrategia defensiva que pretende correr la atención de su conducta desviada hacia otros sitios.

La occidentalidad –si se me permite el termino-, convivió siempre con un poder subterráneo que se maneja con métodos sombríos, sin oficinas y con extraordinaria habilidad de infiltrarse en el poderío político burgués vernáculo, Marx reflexiona el tema y nos dice que, solamente la superstición política puede imaginarse todavía en nuestros días que la vida burguesa debe ser mantenida en cohesión por el Estado, cuando en realidad ocurre lo contrario, es el Estado quien se halla mantenido en cohesión por la vida burguesa (9).

Afinando la punta del lápiz Marx en 1794 ante la Asamblea revive el discurso de Robespierre dedicados a la moral pública y sus principios, cuando este afirmaba que la virtud es el principio fundamental del gobierno popular y democrático, pero tanto Robespierre como Saint Just confundían, -asegura Marx-, la comunidad democrática ideal con la sociedad real, con la sociedad burguesa, y por ello, la virtud sólo podía sostenerse por medio del terror. Foucault dirá que la existencia de un poder oculto implica, necesariamente, la existencia de un contrapoder.

A esta altura el sistema penal como instrumento de control social se ve menguado y cooptado en su ejercicio, sometido no sólo a cuestiones económicas sino, también, ideológicas y culturales, la corrupción aparece nítida (por ejemplo en la obra pública) en las fricciones de la sociedad con las administraciones gubernamentales, para explicar cómo funciona el entretejido que facilita la desviación de conducta de los funcionarios públicos podemos adentrarnos levemente, en la teoría sistémica que toma el modelo de sistema utilizado en las ciencias biológicas, -la metáfora de la célula-. Es David Easton quien concibe el sistema político como una black box o caja negra, que recibe insumos o demandas (inputs) y los transforma en productos -leyes, decisiones, o políticas públicas- (outputs). Estos productos tienen un impacto sobre el medioambiente político (la opinión pública, la realidad, etc.) que es reenviado hacia el sistema político como retroalimentación (feedback), y así el ciclo político recomienza (10). La curiosidad es saber que ocurre dentro de la black box, cual es el proceso para tomar la decisión, es justamente en la caja negra, entre bambalinas, donde se inicia el proceso corruptor.  A este proceso (inputs) lo toma Laclau para  resolver las relaciones de fuerza de los poderes en disputa en la sociedad, y dice, pensemos en una gran masa de migrantes agrarios que se ha establecido en las villas miseria ubicadas en las afueras de una ciudad industrial en desarrollo. Surgen problemas de vivienda, y el grupo de personas afectadas pide a las autoridades locales algún tipo de solución. Aquí tenemos una demanda que, inicialmente tal vez sea sólo una petición. Si la demanda es satisfecha, termina el problema; pero si no lo es, la gente puede comenzar percibir que los vecinos tienen otras demandas igualmente insatisfechas -problemas de agua, salud, educación, etcétera-. Si la situación permanece igual por un determinado tiempo, habrá una acumulación de demandas insatisfechas y una creciente incapacidad del sistema institucional para absorberlas de un modo diferencial (cada una manera separada de las otras) y esto establece entre ellas una relación equivalencial. El resultado fácilmente podría ser, si no es interrumpido por factores externos, el surgimiento de un abismo cada vez mayor que separe a sistema institucional de la población (11). Dentro de esta categoría de demandas o necesidades sociales entra en escena el caso Perugorría como punta pie inicial de la cuestión corrupción.

El fenómeno de la corrupción como práctica delictiva o desviación de conducta dilata la distancia a la solución y en los últimos tiempos parece ampliarse a un horizonte incierto, el mundo de la ley penal y su poderío institucional no parece responder al problema raíz, pues, son parte del problema cuando su tarea y red de complicidades es un pilar fundamental para el estado de cosas.

Por Carlos A. Coria Garcia. 

Notas:

(1) Heller, Herman, Teoría del Estado, Fondo de la Cultura Económica, 1974.                                             

(2) Bobbio N, y Mateucci, F. Diccionario de Política, Ed. Siglo XXI, México 1985, p. 438.